Linchamientos: otro síntoma de descomposición social

He visto como en las redes sociales muchos se regocijan al ver videos de las fuertes golpizas propinadas a los ladrones por parte de una multitud. Este fenómeno ha llegado a tal punto, que un reciente video musical invita a los ciudadanos a ajusticiar los ladrones callejeros. Hecho que debería darnos vergüenza, como si las acciones delictivas fueran poco, ahora también estamos enfrentados a reacciones contrarias a la ley. Una de las principales características que diferencian la civilización de la barbarie, es que en una sociedad civilizada, es el Estado que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Los amigos de hacer justicia por sus propias manos (por ignorancia o por la necesidad de satisfacer instintos violentos), deben entender que no están haciendo parte de la solución, sino que están añadiendo un problema adicional a la crisis de seguridad  en las ciudades. Si hay algo peor que una sociedad llena de atracadores, es una donde abunden ladrones y retaliadores. Más en un país como el nuestro, con un presente y pasado de violencia, donde la predisposición a justificar unos delitos con otros, condujo al paramilitarismo y a la muerte de cientos de miles de inocentes. Al Estado corresponde garantizar la seguridad y combatir la delincuencia y a los ciudadanos nos concierne cumplir la ley. Podemos ser solidarios, reteniendo entre uno o varios al delincuente en flagrancia hasta que llegue la policía. También es permitido el uso de la fuerza, cuando se trata de una defensa legítima en persona propia o ajena, con el único fin de preservar la vida o la integridad. Pero algo muy distinto son las desproporcionadas agresiones colectivas, a una persona que se encuentra en estado expugnable, con el único propósito de hacerle producir un intenso dolor físico como castigo. Estos comportamientos de crueldad excesiva que no constituyen legítima defensa, también son delictivos; quien cause a otro un daño en el cuerpo o en la salud, indiferentemente si el agredido es un ladrón o un buen ciudadano, se le impondrán las sanciones establecidas en el código penal. El incremento de los robos y atracos generan en todos nosotros ira y frustración. Como ciudadanos debemos exigir mayor capacidad del Estado para enfrentar este fenómeno, pero no tratar de remplazar a la Fuerza Pública. Sólo el Estado puede resolver el conflicto criminal de forma racional y previsible, eficaz e igualitaria con  respeto de las garantías individuales. Sólo las instituciones públicas tienen posibilidades de asegurar la justa tutela de los bienes jurídicos fundamentales, monopolizando el uso de la fuerza y la violencia. Una de las principales características de los derechos humanos es su interdependencia. El avance de  uno facilita el avance de los demás derechos. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. No es atentando contra la integridad física la mejor forma de reivindicar la propiedad privada; no es violentando los derechos de los demás, la mejor forma de hacer exigibles los propios; y no es incumpliendo la ley, la mejor forma de hacerla cumplir. Vale la pena recordar una afirmación de la Carta de la Tierra (ONU, Río 1992),  que sostiene: “de todas las realidades mundanas el ser humano es la más valiosa”. La persona y su integridad es el bien más preciado que existe sobre la tierra. Un robo afecta el patrimonio y un linchamiento atenta contra la integridad física y muchas veces la vida. De no detener estas prácticas injustificables, pronto pasará como ha pasado en países vecinos, que en medio del caos, haya una confusión con respecto a la identidad del ladrón y se termine atentando contra la vida de un inocente. ¿Qué debemos proteger con más firmeza, las personas o las cosas?