Lo que nos deja la guerra

Seguimos cruzando los dedos para que esta vez sí, el país, no el gobierno, haga la paz con las Farc y por arrastre, con el Eln, los últimos  grupos guerrilleros que aún persisten en una lucha armada condenada por la Historia, por inútil e inmensamente destructiva para Colombia como sociedad, como democracia, como nación y como economía. Ese es el  saldo trágico que le deja al país medio siglo de sueños  revolucionarios frustrados la revolución que no llegó, que ya no llegará. Asistimos al proceso de bandolerización de las Farc y muy probablemente del ELN, al reducirse su acción armada, a pesar de la voluntad de sus dirigentes, a un medio de subsistencia precaria, cada día más asociado al crimen organizado y más distante de su origen político. Esa sola razón bastaría para buscar ya el cierre político definitivo del conflicto. Demorarlo o esperar la derrota militar total de esos grupos es  permitir su transformación final en una organización criminal, de narcotráfico en especial, sin vestigios de su fundamento político. Ello sería complicadísimo para que Colombia pueda dejar atrás la herencia maldita que nos deja la guerra. Facilitarles a los dos grupos guerrilleros su salida a la legalidad  es entonces una decisión política necesaria para que el país empiece a ordenarse, a “legalizarse”. Para lograr su transformación como sociedad. De lo anterior se desprende que, “por el bien superior de la Nación”, se superen los bemoles  jurídicos  planteados por quienes pretenden que respecto a la guerrilla se aplique una justicia de venganza, del “ojo por ojo”, y no una de restitución y perdón, que permita o facilite cerrar heridas y romper con un pasado que, reconozcámoslo, nos acusa y compromete al conjunto de la sociedad  colombiana. Decisión que habrá de tomarse con respecto a quienes desde diferentes orillas, fueron actores de violencia.  En el horizonte se perfila una ley de punto final o su equivalente, si es que de verdad se quiere, queremos, enterrar nuestro triste pasado que es aún nuestro presente. Una guerra, toda guerra, deja patas arriba a la sociedad que la padece, sus instituciones debilitadas y aún deslegitimadas y su economía “descuadernada” y generalmente infestada de ilegalidad  –tráfico de armas, de personas, captura de rentas, extorsiones, control de poblaciones para producir para los combatientes, montaje de negocios ilegales para financiar el esfuerzo de guerra … –, adicionalmente, parte significativa de los recursos estatales y de la sociedad, no solo financieros, que servirían para el desarrollo,  deben ser destinados  a la destrucción. Ni hablar de los efectos  en este sentido que acarrea un conflicto interno eternizado como el colombiano, que ha tenido como escenarios principales  a territorios de la geografía nacional huérfanos de Estado y con  sociedades regionales resistentes y  luchadoras pero, en lo fundamental, liberadas a su suerte. Por ello, los acuerdos que se logren con la guerrilla son por así decirlo, la cuota inicial de la paz, la condición para que los colombianos —pues esa si es una tarea en donde todos tenemos nuestra voz y nuestra responsabilidad—, podamos emprender la marcha, para recuperarle a Colombia su sentido de la legalidad, del respeto a las normas que se  perdió durante los años en que reinó la atarbanería, la ley del más fuerte o del más atrevido o del más descarado,  en la cotidianidad de tantas comunidades, rurales y urbanas, donde la persona decente, la que trabaja y  respeta al otro era, es aún, tenida por boba, débil o simplemente pusilánime. Hay un país oscuro y sórdido  que se sobrepone al legal. Un país complejo y más grande de lo que imaginamos que se beneficia, que se lucra del desorden ocasionado por  esta  guerra interminable. En el límite, las Farc/Eln con su insistencia en la lucha armada, acaban haciéndole el favor a  esas “fuerzas oscuras”a las que no les interesa la negociación, no por razones políticas o ideológicas, sino porque se les “daña el negocio” sea este económico o de control político de territorios, comunidades o actividades económicas legales e ilegales que, por lo demás,  son muchas veces  las dos caras de la misma moneda. Esos son los verdaderos enemigos del acuerdo político y harán todo lo posible por hacerlo fracasar. La guerrilla los conoce bien, los considera  sus aliados porque tienen un común enemigo: el Estado. Pero parece subestimar que a su vez son  la mayor amenaza a su ser político como guerrilla. Para ella como guerrilla,  esa alianza es “el abrazo del oso” que la empuja a su prostitución definitiva. Sobra decir que para esos “oscuros intereses” no hay ley de punto final o similar. Solo el rigor de la justicia que se reserva para los criminales