Si en algún tema se aplicó la Constituyente a un diseño cuidadoso fue en relación con los derechos fundamentales de niños y niñas: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Además dispuso que serían protegidos de cualquier forma de abusos, y puso en cabeza de la familia, la sociedad y el Estado la obligación de asistirlos y protegerlos para el ejercicio pleno de sus derechos, los cuales prevalecen sobre aquellos de los demás.

Aunque se ha avanzado en la legislación y en las políticas públicas en relación con la infancia, según datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, al menos 1,6 millones de menores de edad trabajan en Colombia. Reveló la Procuraduría General que sólo siete de los 32 departamentos colombianos cumplen con las políticas públicas de protección y prevención al trabajo de menores de edad. La explotación sexual llega a unos 18.540 niños en el territorio nacional. (Dinero.com, 11/05/2010).

Titulares de prensa como: “Menores trabajan en Bolívar por el ‘boom’ minero. Dejaron de estudiar y se están enfermando” reflejan una realidad intolerable en un País que suscribió la Convención de los Derechos del Niño y se pretende garante de los derechos constitucionales de la infancia. Se refiere a la vereda Mina de Santa Cruz, Bolívar, donde han sido encontrados más de cien niños trabajando como mineros dentro de los socavones para extraer oro y para separarlo manipulan el mercurio y el cianuro. Los efectos son daños en vasos sanguíneos, nervios y sistema músculo-esquelético, además de pérdida de la memoria y problemas pulmonares. (El Tiempo.com, 11 de mayo de 2011, Niños cambian la escuela por ir al socavón).

El Defensor del Pueblo en informe del 12 de junio pasado llamó la atención respecto de “la urgencia de erradicar las conocidas como peores formas de trabajo infantil”, como la incorporación forzosa de niños en el conflicto armado, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución y la producción de pornografía o actuaciones pornográficas.

Con base en cifras oficiales, hasta 2009 se reportaban en Colombia 1.050.147 niños y adolescentes que ejercían una ocupación, remunerada o no, en la producción de bienes y servicios. Pero a ello se agregan los menores que trabajan en oficios domésticos durante más de 15 horas a la semana, cifra que se ubica en 799.840, con lo que “la magnitud del trabajo infantil llega a 1.849.987 niños”.

El funcionario advirtió que no se cuenta con información precisa sobre el número de niños que son empleados en “las denominadas peores formas de trabajo infantil” y subrayó que modalidades como la prostitución infantil (explotación sexual) tienen sus principales focos en ciudades del norte del país, así como en las fronteras con Venezuela y Ecuador.

Las Farc y otros grupos armados colombianos persisten en su práctica de reclutar niños para sus filas, según lo indicó el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon en informe al Consejo de Seguridad, en abril de 2009. Señaló que las Farc han ido a las escuelas de varios departamentos del país, han secuestrado niñas y obligado a niños indígenas a unirse a su grupo. Han utilizado a menores para transportar armas y explosivos, y han torturado o asesinado a pequeños por resistirse al reclutamiento o tratar de escapar. Destacó que el fenómeno se repite con otros grupos armados surgidos tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia.

A su vez, el Secretario General de la OEA Miguel Insulza manifestaba en abril del presente año su preocupación por el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales, sobre todo en comunidades indígenas y afrodescendientes en Antioquia, Cesar y Bogotá. Y es que, según la Defensoría, entre 6.000 y 11.000 niños forman parte de los grupos armados ilegales que operan en nuestro territorio.

El trabajo infantil se refleja en el rezago en la cobertura educativa: si Colombia quiere cumplir con los objetivos del Milenio, en el 2015 la tasa bruta de cobertura en educación básica (de cero a noveno grado) deberá ser de 100 por ciento, y de 93 por ciento en educación media (décimo y once), meta que se ve lejana. Un millón de niños colombianos están por fuera de la escuela; el trabajo infantil, incluyendo su utilización en la guerra y la mendicidad, los altos costos educativos y la violencia confluyen para que estos jóvenes, entre los 5 y los 16 años, no hayan entrado al sistema educativo o se hayan retirado. Y desde luego, un niño que trabaja es un niño sin escuela.

En materia de salud la situación no es menos preocupante: la mitad de la mortalidad infantil está asociada con la desnutrición. Según datos de la FAO, en Colombia el 7% de los menores de 5 años pasan hambre, con las secuelas que pueden quedar de por vida. Menos de la mitad de los niños menores de 3 años consumen frutas y verduras y el 13% de los menores de 5 años presentó desnutrición crónica. Cuántos años vamos a esperar para solucionarlo?  No es un acto de crueldad extrema pensar en el desarrollo gradual de este derecho? Es más bien un asunto de voluntad política erradicar el hambre infantil de una vez por todas. De igual manera, no se entiende por qué el 20% de los niños y niñas no tiene el esquema completo de vacunación, y mucho menos por qué se le niega el derecho a la identidad al 4% de los menores de edad que no tienen registro civil.

Estas cifras sólo buscan llamar la atención sobre el “estado de cosas inconstitucional” en relación con la situación de los derechos de la niñez garantizados por la Carta del 91: recordemos que negarle a millones de niños sus derechos fundamentales, permitir el abuso contra ellos, es impedirles vivir su infancia en el presente y cerrarles la puerta para su inserción en la sociedad en el futuro.