Una visita a Cali, invitada por la Fundación Paz y Bien dirigida por la Hermana Alba Stella, y después de una reunión de más de cuatro horas con 300 desplazados, adultos mayores, me permiten concluir que el problema del desplazamiento desbordó al gobierno, a las ONG, a la sociedad colombiana y por lo tanto, al país. Nos acostumbramos a ver desplazados en las esquinas de los barrios ricos de Bogotá, Medellín, Barranquilla pero en Cali se han concentrado en Agua Blanca. Para desgracia de los casi 6 millones de personas en esta situación -casi cuatro que reconoce el gobierno y un subregistro del 22%- y para vergüenza de los 40 millones de colombianos restantes, los desplazados se convirtieron en parte del panorama nacional que solo recibe limosnas.
Más de 20 años de políticas públicas; seis billones de pesos en términos reales en los últimos diez años y gran parte de la cooperación internacional concentrada en este problema, no han logrado resolver la peor crisis humanitaria del país. Gracias a fundaciones como la de la madre Alba Stella, hoy no están en peores condiciones, sobre todo los llamados adultos mayores desplazados. Su trabajo y el de su equipo le dan la oportunidad de conocer la realidad de la situación actual de la mayoría de los desplazados a quienes quieran escuchar. No eran indigentes cuando estaban en el campo; muchos tenían hasta más de diez hectáreas, animales, cultivos y sobretodo, capital social. Ahora el 78% de ellos son indigentes.
Después de dos conferencias de media hora cada una sobre la ley de víctimas y su relación con el desplazamiento, e abogado José Hernández, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y yo nos enfrentamos, contra la pared, a más de dos horas de sus preguntas. Nos quedó absolutamente claro que no eran indigentes antes del desplazamiento. Llenas de críticas pero inteligentes, sus dudas son absolutamente válidas. Claro que conocen sus derechos pero se enfrentan a los peores enemigos de los pobres, la incapacidad del Estado para llegarles y la profunda insolidaridad de una sociedad, en este caso, la caleña, que los excluye, los discrimina. En este evento no solo no estaban las instituciones públicas que deberían estar sino que con excepción de la Fundación Alvaralice cuyo apoyo a Aguablanca es histórico, no había un empresario caleño ni para hacer un remedio. Es más, escuché en mi viaje de regreso que "los negros, porque así los llaman, ¡tienen aterrados a los del Sur! Y agregan: ¡Qué horror que Cali esté llena de esta gente! Que tal.
Pero tampoco le importó semejante evento a la prensa local o nacional, ni a la radio ni a la televisión. Indolencia total. Cali es la tercera ciudad del país receptora de población desplazada, después de Medellín y Bogotá. Si el país y esas ciudades no asumen la solución de esta crisis no solo se seguirán perdiendo generaciones sino que el sector rural va a perder ese conocimiento acumulado por el campesinado colombiano, de donde proviene la mayoría de los desplazados, y crecerán los cordones de miseria y la informalidad en esas y otras ciudades. Empresarios caleños: ¿no han pensado que están perdiendo entre 5 o 6 millones de consumidores de sus productos y que esa demanda potencial de sus productos se logra si los sacamos de la indigencia y les generamos trabajo digno, les ayudamos a construir empresa? Y de paso hacemos Patria. ¿Hasta cuando les va a durar la indiferencia?
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