Luces rojas no son ofensas

Por fin el sector rural, la tierra, los campesinos, los grandes productores, están en primera línea. Son el primer punto de la agenda acordada entre el Gobierno y las Farc para lograr llegar al fin de la guerra. No es aún la paz, y en eso, tanto negociadores como expertos han hecho énfasis que lo que ahora se negocia es un cese al fuego. El proceso de lograr acuerdos para conseguir este objetivo ya va por la segunda fase, pero la paz nos tomará a todos los colombianos, muchos esfuerzos, muchos cambios, mucho perdón, pero también, mucha justicia. Serán años difíciles que solo empezarán una vez se depongan las armas, y cuando el país concierte una nueva agenda de desarrollo para garantizar la sostenibilidad de la paz. El gran mérito del Presidente Santos es llevar al país a la iniciación del proceso anhelado por todos. La gran mayoría de nosotros, 80%, apoyamos estas iniciativas del Gobierno y queremos que se tenga éxito por el futuro de esas generaciones que nos duelen más que cualquier cosa, nuestros hijos y nuestros nietos. El sector rural ha sido subestimado por muchos que ignoran que en el campo viven 7,5 millones de colombianos, en condiciones tales como si la historia se hubiera detenido hace un siglo. Antes de que se hiciera público este proceso, el Gobierno había tomado decisiones fundamentales que prepararon el terreno para abordar un cambio fundamental en el sector rural. Nadie niega el mérito de estas y otras decisiones. Sin embargo, aquellos que llevamos años siguiendo el desarrollo del campo colombiano y el rezago del sector rural, estamos en la obligación de prender luces rojas, cuando, dada nuestra experiencia, vemos peligros que pueden acabar con las buenas intenciones del Estado. No se trata de ofender sino de ayudar prendiendo alarmas para evitar procesos que serían injustificables y que agravarían los ya grandes problemas del campo, como la concentración de tierras. Se le ha dicho al Ministerio de Agricultura que es fundamental tener una política clara de desarrollo rural para que los campesinos desplazados, y las víctimas, no solo reciban la tierra que el Estado les devolverá sino para que regresen a ser productores agrícolas, pero en condiciones muy distintas a las que causaron su desplazamiento. Sobre todo con seguridad, algo que al gobierno le está quedando difícil porque los nuevos paras, que apoyan a aquellos terratenientes que se oponen a este proceso, se han convertido en la mayor amenaza para el retorno de esta población. Aún no está claramente definida la institucionalidad para respaldar la producción campesina, que tiene que ser mucho más que nunca de acompañamiento y no solo de darles crédito y dejarlos a su suerte. ¿Dónde está la investigación para sus productos, los apoyos a la comercialización de su producción, muchas veces dispersa? ¿Cuáles son las obras de caminos veredales y departamentales para insertarlos al mercado? Estas deberían ser prioridades claras en una política de Desarrollo Rural, que después de más de dos años, el gobierno no ha promulgado. La política de tierras, la reparación de víctimas son parte importante, pero no todo lo que esa población del campo necesita para tener claridad sobre su futuro. Estas falencias pueden llevar al modelo Carimagua: donde los campesinos reciben la tierra, pero la vendan a los terratenientes de siempre por las necesidades de siempre, y ellos se queden de jornaleros en las grandes plantaciones o de informales en ciudades que les son inhóspitas. Esta es la luz roja que hay que prender, sin ofensa, pero como ayuda para que el proceso avance sin demasiados tropiezos. Muestren ya a esos pobladores rurales por qué y cómo con las nuevas políticas, sí pueden volver a concretar esos sueños que la violencia, el abandono del Estado y de la sociedad urbana, les cortó. Contribuyamos todos con un paso adelante hacia la paz. E-mail cecilia@cecilialopez.com www.cecilialopezcree.com www.cecilialopez.com