Las manifestaciones por descontentos con gobiernos y con el sistema económico-político imperante se han vuelto un lugar común en el mundo desarrollado, en países intermedios, y, desde luego, entre nosotros. La administración Santos tuvo que enfrentar varios paros, huelgas y marchas, los cuales trató de resolver ofreciendo soluciones financieras —pues el asunto es de dinero— que no cumplió o cumplió a medias. Los manifestantes aprendieron que el método funcionaba, como en efecto sucedió con agricultores, cocaleros, camioneros, maestros y otros; sin embargo, en los últimos meses del mandato pasado cesaron estas movilizaciones de protesta pues se sabía que las arcas estaban vacías.
Lo que viene sucediendo en los últimos días merece atención porque podría llegar a ser la forma de presión más utilizada en los próximos cuatro años. Este método puede convertirse en un dolor de cabeza no solo para el Gobierno, por las perturbaciones al orden público, sino también para la ciudadanía, por las amenazas a la tranquilidad y los desmanes que estos movimientos casi siempre conllevan.
Las marchas en sí no son censurables, pues constituyen una forma democrática de expresar molestias o insatisfacciones, pero este tipo de expresiones populares deben obedecer reglas, tener un carácter pacífico y ser estrictas en cuanto a los tiempos, formas y lugares en el que transcurren. De hecho, en Colombia, como en casi todos los países, existen condiciones para hacer manifiesto el descontento, aun cuando no obedecen a reglamentos claros. Antes de tomar posesión del cargo, el nuevo ministro de Defensa se pronunció sobre la necesidad de reglamentar este tipo de expresión, ante lo cual le cayeron rayos y centellas.
Se dice que en las manifestaciones públicas la mayoría de los participantes son personas de bien que simplemente expresan su inconformismo de manera tranquila, sin la intención de alterar el orden o causar molestias al resto de ciudadanos, pero que algunos perturbadores profesionales, casi siempre encapuchados, se cuelan para generar intranquilidad y causar todo tipo de vejámenes. ¿Cómo podemos distinguir los manifestantes tranquilos de los saboteadores?
No faltan razones para que existan los descontentos: los presupuestos no alcanzan para cubrir todas las necesidades y aspiraciones, todavía un sector amplio de la población vive en condiciones de pobreza relativa y absoluta, la corrupción de los diferentes centros del poder público sigue campeando, existe un sentimiento de inseguridad generalizado, la economía no despega… Sin embargo, atribuir estos problemas a Duque es equivocado e injusto. Él y su equipo necesitan tiempo.
Entonces, más allá de justificaciones serias que puedan respaldar algunas de estas expresiones populares, existen otros móviles detrás de las marchas estudiantiles y de otras que se anuncian. Es posible que se esté orquestando una movilización permanente e intermitente para crear un sentimiento de zozobra que deteriore el ambiente de confianza que necesita cualquier gobierno para impulsar su agenda de cambios. Si a esto se suma la resistencia del Congreso para sacar adelante las iniciativas de origen gubernamental, estaríamos avanzando hacia una tormenta perfecta en pocos años. No olvidemos que el propio Gustavo Petro anunció la misma noche de la elección presidencial que se prepararía para abanderar la protesta social y él es experto en esa clase de movilizaciones.
No se trata de ver fantasmas donde no existen, pero tampoco de caer en la ingenuidad de pensar que las movilizaciones estudiantiles son completamente ajenas a móviles de índole política. Si esto está ocurriendo a menos de cien días de instalación del nuevo Gobierno, ¿qué podemos esperar para los próximos años? Se necesita mucho diálogo y serenidad, pero a la vez mano firme y no caer en la estrategia equivocada de ceder ante cada marcha, o negociar con dineros que no existen. Si el Poder Ejecutivo se queja de que faltan 14 billones de pesos para cerrar el presupuesto de 2019, esto sin apropiar recursos necesarios en varios frentes, ¿de dónde saldrán los fondos para financiar las protestas de los próximos tres años?
Se necesitará mucho tino para saber cruzar la frágil línea que se traza entre la defensa de legítimos intereses de sectores ciudadanos que deben respetarse en el Estado de derecho y las pretensiones de movimientos de oposición de crear caos y descontento.
