Me pregunto qué sentirá un ciudadano extranjero cuando al visitar a Colombia se encuentra con grabados que pintan las contradictorias situaciones e injusticias de nuestra cotidianidad. Tanta miseria social entre tanta riqueza natural; tanta creatividad, y a la vez cuántos actos atroces y de corrupción. Cuántos escenarios de despilfarro contra tantos cuadros de escasez e ineficiencia.

Por estos días el país acompaña la indignación y el dolor de una familia, y de una comunidad, a quienes les fueron arrebatadas las sonrisas de unos niños tras los crueles e insensibles actos de “comediantes” uniformados que simulaban ofrecer tranquilidad a su región. Observamos de otro lado el deprimente espectáculo y el abuso de poder de la Central de Inteligencia del Estado –DAS-, “investigando” y persiguiendo a jueces y magistrados, a periodistas y opositores del pasado gobierno.

Nos arrollan las estampas de políticos y constructores corruptos, quienes tejiendo con hilos oscuros las redes de la contratación nacional, a quienes el sociólogo Sutherland llamó delincuentes de cuello blanco; es decir, personas que desde sus posiciones de poder transgreden el bien público y causan enorme daño social. Y asistimos a estas dramáticas escenas en medio de un sistema penal congestionado por el trámite de pequeños delitos callejeros, mientras que los protagonistas de la violencia y la criminalidad se pasean por el país, aprovechando las tinieblas de la impunidad.

Estas imágenes proyectan aspectos de una realidad que reclama nuevos liderazgos, claman la acción de mentes limpias que revisen con honestidad las múltiples causas de tantas injusticias y problemas sociales; voces que convoquen a nuevos diseños de país.

Nuestra administración de justicia requiere ir más allá de la elección de un nombre que oriente la Fiscalía General de la Nación. Se precisa de la implementación de políticas integrales que permitan superar niveles de pobreza y miseria, que potencien procesos educativos y culturales, constructores de una nueva sociedad; y por supuesto, que impulsen la puesta en marcha de una política criminal que trascienda lo coyuntural, donde  además de sanciones se integren aspectos de prevención.

El país está próximo a cumplir seis años de la implementación del nuevo sistema penal oral acusatorio, camino que ha representado grandes desafíos para los operadores de justicia, siendo el primero de ellos la resistencia a asumir los nuevos esquemas mentales y procesales. De ahí la importancia de mantener políticas continuas de formación al lado de estrategias que ayuden a descongestionar la justicia, a mejorar la respuesta del sistema frente al pequeño delito, y a resolver adecuadamente el desafío del crimen organizado.

Entre estas medidas nuestra realidad reclama la creación del Ministerio de Justicia que opere como un interlocutor efectivo del gobierno con las otras ramas y órganos del poder público y que lidere la consolidación del Consejo Superior de Política Criminal, que es quien debe dirigir los procesos de elaboración, aplicación y ejecución de normas penales.

Muy importante sería también la integración de un solo cuerpo técnico de investigación judicial que recoja las evidencias y los elementos materiales probatorios, fundamentales para el desarrollo y terminación de los procesos.  Vital, abordar el tema relacionado con los precedentes judiciales de las Altas Cortes, de manera que estos sean tenidos en cuenta a la hora de ofrecer a los procesados una mayor seguridad jurídica.

Es evidente que Colombia enfrenta el reto de hacer las cosas de otro modo, de recuperar con hechos de sensatez la confianza en la institucionalidad, con la garantía de que se implementarán correctivos de fondo en la dinámica de nuestro aparato de justicia.  En una palabra, de recobrar tanto tiempo perdido y avanzar con firmeza en la construcción de un estado que sea referente de honestidad y eficiencia.  De una seguridad de país basada en la equidad, la participación y el respeto.