El pasado 4 de diciembre recibimos el fallo, de segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Octava Laboral-Civil de Familia de Barranquilla, en el que le ordena a la Superintendencia Nacional de Salud el pago de $85.000 millones de pesos a 36 IPS que prestaron sus servicios a 6 EPS, entre el 2013 y el 2015 y en su función de inspección, control y vigilancia, la Superintendencia ordenó liquidar, porque estaban poniendo en riesgo la vida de los usuarios.
Un caso pasado de exótico, entre muchas otras razones, porque es un juez de un tribunal de la jurisdicción ordinaria quien condena a la Superintendencia, cuando la competente para este tipo de procesos es la justicia administrativa.
Ese fallo trae consecuencias nefastas para el país y le pone freno definitivo al control. Cada vez que vayamos a intervenir una EPS que no cumpla con sus obligaciones, que no tenga margen de solvencia o haga mal uso de los recursos, esas acciones se van a devolver contra la Súper. Si esto toma ese curso, tendríamos que liquidar la Entidad.
Dramático no solo para el sector, sino para todo el país. Se abre un boquete jurídico que va en contra de todas las entidades encargadas de la vigilancia y el control.
¿Qué va a pasar entonces con la toma de decisiones frente a las liquidaciones o intervenciones que hagamos de aquí en adelante? Imagínese cuando actuemos, entonces, sobre algunas EPS que tienen deudas que sobrepasan el billón de pesos. ¿De dónde va a salir la plata? ¿del Estado? ¿del bolsillo de todos los colombianos?
Caso que no será ajeno a otras Superintendencias, como la de Sociedades, quien cuando tenga que intervenir, por ejemplo, a una captadora de dinero, deberá esperar la ola de demandas de los ahorradores frustrados por el incumplimiento de las promesas que le compraron a esa entidad. ¿Tendremos que asumir con los recursos del Estado las deudas que quedaron como producto de un negocio entre particulares?
Este fallo abre vías irregulares judiciales, permitiendo que entidades públicas sean condenadas por la justicia ordinaria. Y este es solo un abrebocas de lo que puede causar un fallo de este calibre que, en caso de prosperar, nos obligará a cerrar las puertas de la Supersalud. Se vienen unas decisiones trascendentales para el sector, y entonces, en el momento que empecemos a tomarlas ¿esto se le va a devolver a la Súper?. En definitiva, será mejor no actuar que actuar.
