No me gusta la reforma presentada por la ministra Ocampo para la educación superior en Colombia. Y no me gusta porque parte de una concepción simplista sobre cómo resolver los problemas que acosan al sector. ¿Que se necesita plata? Entonces captemos recursos como si la educación fuera un CDT para ofrecer rendimientos a inversionistas. ¿Que hay mala calidad? Sencillo, los recursos captados mejoran la educación. ¿Que se necesita más pertinencia en los programas ofrecidos? Lo hubieran dicho antes… la empresa privada es la única que sabe cuáles son los programas que le sirven a sus fines. Simple premisa: Todo lo privado es bueno y rinde más.

Pues creo que con esta miope mirada los problemas se van a agrandar. Vendrán más y más pedreas, más y más paros en una escalada que nada bueno traerá porque no generará un debate productivo sino una confrontación.

Es cierto que en Colombia hay un gran atraso en cobertura y el déficit de cupos no cede a pesar de la cantidad de instituciones que han aparecido en los últimos años. También es cierto que la calidad en muchas universidades públicas y privadas deja mucho que desear. Igualmente es válida la crítica que se hace a la educación superior en el sentido de que la pertinencia de las formaciones ofrecidas no se acerca a las demandas del sector productivo. Todos estos problemas, y otros más, existen y negarlos sería una torpeza. Lo que no parece cierto es que el proyecto de mi paisana resuelva estos males.

Como el espacio es corto y el tema da para largo solo me voy a referir a uno de los puntos centrales de la reforma propuesta; el de que hay que permitir el ánimo de lucro en la educación superior, como si éste no existiera ya en la universidades privadas.

Partir de la premisa de que en Colombia no hay ánimo de lucro en la educación superior es una falacia. ¡Por supuesto que ya hay ánimo de lucro! El que las universidades privadas estén inscritas en el Icfes o en la Cámara de Comercio como fundaciones o corporaciones y no como sociedades anónimas, en Comandita o limitadas, no significa algunas de ellas no sean básicamente un negocio para sus dueños. Porque, digámoslo claramente, hay instituciones de educación superior que tienen dueño (Remember Moreno de Caro y su Universidad del Trabajo). Todo el mundo sabe que con la educación se hace plata y hasta se lava plata, que es precisamente el afán de lucro de ciertas directivas universitarias lo que no les permite utilizar recursos para tener docentes de planta y formarlos, para hacer investigación y producción intelectual, para dotar adecuadamente sus bibliotecas y mejorar su planta física. Si esto pasa hoy en día con muchas fundaciones y corporaciones universitarias “sin ánimo de lucro”, no quiero ni imaginarme lo que pasaría  con universidades abiertamente destinadas a la repartición de utilidades.

Pensar que calidad y tipo de financiación son dos caras de la misma moneda también es una falacia. Puede haber financiación que no desemboque en calidad y puede haber calidad aún en medio de penurias económicas. Nuestras instituciones públicas de educación superior han hecho grandes contribuciones a la formación de profesionales de alta calidad, con investigación y producción intelectual, a pesar de las persistentes crisis financieras. También es cierto que en el sector privado hay universidades con excelentes niveles, así como otras mediocres o pésimas. De manera que la calidad no es una prerrogativa de la financiación pública o privada. Entre otras cosas porque la calidad en la formación de profesionales es resultado de procesos que se inician en la primera infancia y no se le puede achacar solamente a los cuatro o cinco últimos años de formación.

No se qué terminará pasando con esta propuesta pero más parece un torpedo autodirigido contra el gobierno, que una locomotora para la prosperidad democrática. Tal vez lo mejor sea que Santos le busque una beca con la empresa privada a la ministra para que mejore su nivel educativo con una formación más pertinente a su nuevo empleo.