El escándalo mediático sobre la nómina paralela en la Contraloría General, desatado a raíz de la denuncia hecha por el Auditor General, muestra una realidad sobre el gran desorden institucional de la Administración Pública.

A raíz del “Consenso de Washington” los países latinoamericanos debieron tomar medidas económicas a partir de los años noventas que son condiciones para obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Entre estas medidas estaban las de aumentar la eficiencia y la inversión y disminuir el gasto público.

Colombia tomó entonces el camino de suprimir entidades y reducir las plantas de funcionarios en las entidades públicas.

El planteamiento teórico es impecable, las entidades públicas deben ser más eficientes y no tener un gasto desbordado en funcionamiento, alentado en buena parte por el clientelismo de congresistas a nivel nacional y de concejales a nivel municipal.

No obstante, el efecto de la reducción del gasto en funcionamiento ha sido en una buena parte perverso y no ha solucionado el problema: los intereses clientelistas, además de caerle a la nómina de funcionamiento, le caen a la nómina paralela: la de los contratistas.

Y los efectos son aun más nocivos: las nóminas paralelas multiplican el gasto de las entidades pero bajo el rubro equívoco de “inversión”, además de tener otras secuelas: contratación de personas con buenas recomendaciones políticas, pero sin las destrezas requeridas, inseguridad laboral de miles de personas que a pesar de cumplir funciones propias de la entidad, tienen contratos a corto plazo, mal remunerados, sin prestaciones, los cuales pueden ser o no renovados, según el capricho del jefe y las presiones políticas que reciba, además de que son interrumpidos para evitar la continuidad que los convertiría en laborales.

Esta rotación de personas en la administración pública hace que no exista memoria institucional, pues los individuos que tuvieron bajo su responsabilidad ciertos asuntos, al cabo del tiempo ya no están ahí. No es raro que temas comunes a varias instituciones sean manejados por contratistas quienes no tienen capacidad decisoria ni son responsables política ni administrativamente, y que muchas veces el producto de sus trabajos se guarde en anaqueles. Por eso los archivos del Estado están llenos de diagnósticos, estudios de factibilidad, y muchas recomendaciones que se repiten periódicamente.

Sucede  a menudo que al cabo de varios años se replanteen temas que estuvieron a cargo de contratistas, sobre los cuales nadie tomó decisión alguna. Por ello no es rara la respuesta que un ministro diera hace algunos años a una pregunta planteada en un Foro sobre cuál era la política del Ministerio en una determinada materia: se limitó a decir que ya se había contratado una consultoría, que entonces contestaría a esa pregunta cuando le entregaran el informe final en unos cuatro meses.

Pero qué importa!   Los países subdesarrolllados somos así: damos un paso adelante y cinco atrás, lo importante es que los organismos internacionales aprueben los créditos por haber cumplido sus mandatos. Y que los Ministros, directores y gerentes puedan mostrar cifras muy bajas en el presupuesto de funcionamiento, mientras descrestan con altas cifras en el rubro de inversión.

No importa que esto signifique mayores costos, inseguridad laboral y pésimo clima de trabajo, pérdida de memoria institucional y por tanto de continuidad en las políticas y los programas.

En cuanto a los órganos de control, si en la Administración llueve, allá no escampa: es un secreto a voces que quienes resultan elegidos en los altos cargos – Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo -, adquieren miles de compromisos con quienes los nombraron, práctica que alimenta muy bien las nóminas paralelas.