Perdón y Asamblea Constituyente

La revista Semana organizó hace algunos días un interesante, sentido e importante foro en honor a las víctimas del conflicto armado en Colombia, que ya sobrepasan los cinco millones de ciudadanos, una cifra apenas comparable en sangre y terror con las Cruzadas del siglo XI, las batallas napoleónicas y las guerras intestinas en Vietnam o el Congo, por citar algunos ejemplos.

En ese escenario académico, se recogieron las experiencias y los testimonios de hombres y mujeres que han sido tocados de manera brutal por la violencia. Con lágrimas en los ojos esas víctimas reales, reconocieron públicamente no sentir odio por sus verdugos y afirmaron con vehemencia que sus corazones se emanciparon para siempre del rencor. Dichas escenas vienen repitiéndose constantemente en eventos similares a lo largo y ancho de la geografía nacional. Este definitivamente es un país de locos. Mientras que la gran mayoría de víctimas de las FARC están dispuestas a perdonar las atrocidades y horrores de ese grupo guerrillero, el resto de la sociedad colombiana que no ha padecido directamente las consecuencias de la violencia sin cuartel de “Timochenko” y sus camaradas se opone rotundamente a cualquier tipo de concesiones jurídicas, e incluso a la reinserción social y, con algo más de razón, a la participación en política de los miembros de la insurgencia que eventualmente abandonen las armas. El perdón es una decisión de vida que conlleva la sanación del espíritu. Cuando una víctima se contamina de odio, su victimario habrá logrado el cometido. El problema de nuestra sociedad es que no sabe perdonar, simplemente porque Colombia es un país de gente enferma y retorcida. El imaginario colectivo de la colombianidad ha estado desde siempre signado por la tragedia y, por eso, no concebimos una forma de vida libre de violencia. Antes de desmovilizar a los grupos armados, deberíamos desarmar nuestras almas. Un proceso de negociación implica sacrificios y ciertos requisitos. De estos últimos, el más importante, a mi juicio, es el perdón de los directamente afectados. Habiéndose dado ese presupuesto inamovible, ¿cuál es el problema en seguir adelante con la búsqueda de la paz? Ese cuento del perdón de la sociedad o colectivo es un sofisma. Quienes deben prodigarlo son aquellos que vieron caer a sus seres queridos, los que fueron desplazados de sus tierras y los que perdieron la esperanza por cuenta de un secuestro. El Presidente Santos debe entender que cualquier acuerdo al que se llegue, para que sea perdurable y sostenible en el tiempo, además del perdón de las víctimas, requiere de la refrendación popular. La Constituyente es el mecanismo más idóneo, no solo para atender los asuntos propios del proceso de paz, sino también para implementar las reformas estructurales que se necesitan con urgencia en cuanto a la salud, la educación y la administración de justicia entre otras, con el propósito de tratar de reducir la desigualdad, la inconformidad y la exclusión social que, al final de la ecuación, son los factores determinantes que generan todas las formas de violencia. Ojalá aprendamos de aquellos que perdonan, a pesar del dolor. Cuando eso ocurra, podremos construir un mejor país. La ñapa I: La extraña adquisición de cuarenta mil hectáreas de tierra por parte de la empresa Riopaila Castilla S.A y la firma de abogados Brigard & Urrutia debe ser investigada por la Fiscalía General, con toda la decisión y la claridad del caso, sin importar quién caiga, por más poderoso que sea. La ñapa II: Los recientes señalamientos y cuestionamientos de los medios a los miembros de las Altas Cortes, convierten a esas corporaciones en unas “fieras heridas”. Se vendrán decisiones muy fuertes para reivindicar la imagen. abdelaespriella@lawyersenterprise.com