El proyecto de acto legislativo para una nueva reforma política y electoral presentada por el gobierno nacional, en aplicación de los Acuerdos del Teatro Colón, excluyó finalmente la propuesta del voto obligatorio por dos elecciones generales que contemplaba el proyecto original del Ministro Cristo.
Es una lástima –comenta el ex senador y ex gobernador Mauricio Pimiento- por cuanto se trataba de recuperar una iniciativa importante que ya había hecho parte de proyectos anteriormente tratados en el congreso colombiano. El más reciente fue en la legislatura del año 2003, cuando se discutía con vehemencia en la plenaria del Senado de la República el contenido de una gran reforma política para depurar y mejorar la política, a partir de una ponencia que unificaba las propuestas incluidas en los proyectos presentados por el gobierno de entonces y por el Partido Liberal.
Además de iniciativas incorporadas por los ponentes, como era el caso del voto obligatorio, se defendían con ahínco otras incluidas en la ponencia principal, como aquellas de la financiación estatal plena; acabar con la circunscripción nacional en el senado para volver a la regional; regresar a los distritos electorales de concejales en reemplazo de las asambleas departamentales; la asignación de curul en el senado al candidato perdedor en la elección presidencial; las listas cerradas a corporaciones públicas como medio para fortalecer los partidos; la obtención de un umbral mínimo por partido para contabilizar los votos de su lista al congreso como mecanismo para acabar con tanto partido de garaje, etc.
Umbral mínimo, listas cerradas
Pimiento recuerda que de todas estas propuestas, las que más suscitaban enconada reacción entre una amalgamada y curiosa oposición al proyecto -reconocidos barones electorales liberales, los conservadores, los del Polo Democrático, evangélicos e indígenas-, eran precisamente la del voto obligatorio, la circunscripción regional para senado, un umbral de mínimo del 6% para los partidos, y las listas únicas cerradas.
“Su argumento discutible pero invariable durante todos los debates era que tales propuestas -muchas llegaron hasta el sexto- atentaban contra el libre albedrío para votar y el derecho de las minorías a tener representación. En otras palabras, su instinto de conservación les indicaba qué, de aprobarse dichos artículos, llevaría a que muchos no volverían a pisar el congreso debido a razones distintas”.
¡El voto a cinco mil!
-En efecto, para algunos caciques electorales de diferentes partidos, el voto obligatorio minaba su fortaleza basada -y sigue radicando- en el poder económico para financiar compra de votos frente a los que no tienen con qué. Fue tal la amenaza que constituyó la posibilidad de aprobarse la obligatoriedad del voto, que cuando el presidente del Senado sometió a votación el artículo, en el recinto se alcanzó a escuchar a un barón electoral advertirle a otro de sus colegas: “Pilas Jóse! Que se nos pone el voto a cinco mil!!.”
Por su parte, a los evangélicos, a los de izquierda y a los indígenas les espantaba la idea del senado regional al perder el control sobre su electorado disperso en todo el país, que obedece a razones religiosas, étnicas o intereses gremialistas.
A muchos otros, usufructuarios de la proliferación de partidos y movimientos, el no poder ser candidatos en listas abiertas y la existencia de un umbral alto para ser contabilizada su lista, les restaba la posibilidad de seguir manejando formaciones frágiles que se sometieran a sus designios, porque desaparecían. Y así lograron todos ellos, mediante una coincidencia de voluntades, negar esos artículos.
Los argumentos para insistir en esas propuestas son los mismos de hoy, tal como lo recordó la Misión Especial Electoral. Sin embargo, de ellas, en el nuevo proyecto presentado la semana pasada el voto obligatorio fue nuevamente sacrificado; la financiación estatal seguirá preponderante con algunos refuerzos en materia de transporte y publicidad; el umbral se flexibilizó innecesariamente; y varios departamentos continuarán sin representación en el senado por la circunscripción nacional.
El voto preferente, una vergüenza
Se reivindica eso sí, la necesidad de cerrar las listas a corporaciones como mecanismo para fortalecer las colectividades -contra lo cual conspira el umbral bajo-, pero que acabará con la sinvergüenzura del voto preferente que ha convertido la actividad política en Colombia en una plutocracia, por aquello de que solo quienes tengan la tula o cotos de poder, son los que llegan.
Si el sistema de listas cerradas se acompañara del voto obligatorio, estaríamos frente a una reforma política de mayor calado que ayude con más eficacia a eliminar varias causas de la perversión y distorsión de nuestra democracia. Veamos: el voto obligatorio contribuiría, ante todo, a dar un salto cualitativo más grande en la escena política por cuenta del atractivo para que muchas personas con perfil de líderes participen, a quienes las comunidades siguen pero que con las actuales circunstancias económicas para hacer política no se les permite.
Es innegable que hay hombres y mujeres capaces que se destacan en la academia, en el sector privado, en el comunitario o en el público, que cuentan con opinión local o regional, pero que difícilmente se atreven a participar porque no cuentan con aparatos que muevan o canalicen dicha opinión. Muchos partidos o movimientos están en manos de líderes o caciques con su propia ‘constituency’ o electorado alrededor de un interés, los cuales sólo llaman a nuevas figuras con opinión como relleno en las listas para que les sumen votos a fin de alcanzar el umbral o la cifra repartidora.
Con la obligación de salir a votar, una persona que conozca a estos nuevos actores y no dependa del entramado clientelista ni de los sectores controlados por los líderes tradicionales, o que en gracia de discusión, en cada elección suele vender su voto y ya no podrá al precio que lo hacía, seguro que considerará mejor sufragar por ellos atraído por sus ideas o capacidades, o dar el voto por quien no ha tenido la oportunidad de aspirar y ahora la tiene en relativa igualdad de condiciones.
En segundo lugar, operaría un enorme salto cuantitativo porque al obligar a todos los ciudadanos a participar -así sea como instrumento didáctico por dos elecciones-, sujetos a un sistema de premios y castigos por votar o no, la abstención se reduce sustancialmente y el ejercicio del voto adquiere el significado noble y altruista de comprometer y habilitar al votante para opinar sobre el rumbo que quiere en la política o en la dirección del estado en todos los niveles. Así mismo, familiariza al tradicional abstencionista con los mecanismos de participación ciudadana que están al borde de ser descartados por falta de votantes. Y en medios corruptos, el sufragio deja de ser un privilegio de quienes lo compran -porque tienen bastante con qué- y quienes lo venden -para resolver una necesidad transitoria-, o de aquellos que lo ponen a disposición de causas privadas que rara vez coinciden con el interés común.
El voto obligatorio en el mundo
Pimiento –estudioso profundo del tema político- cierra su análisis sobre el tema:
En Colombia el voto ha tenido mucho de derecho ciudadano y muy poco de deber, por lo que la baja participación -43 % en promedio- sigue siendo una constante que aporta buena parte al déficit democrático. Los que defienden la libertad de votar o de abstenerse terminan resignando en manos de una minoría la suerte de sus comunidades, deslegitimando aún más la democracia.
Si bien en el mundo existen más países con sufragio voluntario, no son pocos los que establecen su obligatoriedad y muestran mejores indicadores de participación electoral. Hay casos recientes como el de Chile, que siendo una democracia nueva, derogó en el 2011 la obligatoriedad que tenía para la última elección presidencial por considerar que los votantes habían aprendido el valor del voto en los últimos 25 años. Empero, ante los magros resultados que reflejaron un evidente retroceso, ahora se está reclamando la reinstalación del voto obligatorio.
Por lo demás, si se quiere acabar con la corrupción que entraña la compraventa del voto entre nosotros, la obligatoriedad reportaría el pingüe beneficio de desvalorizar los votos de quienes tradicionalmente los venden por efecto del incremento inusitado de la oferta. O si no, pregúntenle a quienes la practican en cualquier región de Colombia que pasaría con sus aspiraciones si por cuenta del aumento de sufragantes, la cotización del voto baja de cincuenta mil a cinco mil pesos. En esas condiciones, no significa necesariamente que irán a conseguir más votos, sino que habrá mayor demanda con más y mejores candidatos en capacidad de competirles.
