!Por fin una buena! (II)

Pues bien, venía escribiendo la semana pasada sobre el logro esperanzador obtenido en el caso Santo Domingo, que deja ver que todavía hay alguna posibilidad de ver materializada la justicia en los procesos que sobre el particular se les sigue a los oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. He sido paciente hasta donde se puede ser paciente frente a temas que son de obligatorio cumplimiento y sin reparos como la justicia objetiva materializada. Soy un convencido de que la posibilidad del acceso a la administración de justicia no puede ser selectivo y que no se aplica ningún tipo de criterio de selección ni categorización de victimarios al momento de aplicar el rigor legal como consecuencia de actos punibles. Hoy enfrentamos ese famoso marco para la paz que pone en tela de juicio la capacidad estatal de impartir justicia a través de su rama judicial y que tiende a la impunidad. Aunque este no es el tema que hoy me ocupa, no quería seguir sin antes mencionarlo porque es angustioso ver que cada vez retrocedemos más, en busca de la verdad, bajo la falsa premisa de la reconciliación y un Estado Social de Derecho no puede darse ese lujo. Sobre los hechos que últimamente han sido noticia en el caso Santo Domingo (Arauca), la justicia ha desempeñado un papel fundamental presentando más desatinos que aciertos y uno que otro revés. Bueno es recordar que estamos frente a uno de los procesos más manoseados y amañados en la historia de nuestra lucha por combatir a la narcoguerrila. Por esto quiero hacer un recuento cronológico de lo que acá ha sucedido en materia judicial. La investigación, tanto de la muerte de los militares como de los civiles allí ocurrida, inicialmente fue asumida por la Fiscalía Seccional de Tame y la Fiscalía Regional de Cúcuta. Posteriormente fue asignada a un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá y en lo atinente a la eventual responsabilidad de la fuerza pública por esos hechos, al Juez 118 de Instrucción Penal Militar de la base militar de Apiay (CACOM-2), Meta, quien con resolución de fecha mayo 20 de 1999 archivó la investigación preliminar por atipicidad de la conducta. Por su parte, el general Fernando Tapias, Comandante de las Fuerzas Militares de entonces, creó una Unidad de Instrucción Penal Militar con funcionarios de la judicatura castrense adscritos a la FAC. Ellos estaban encargados de la investigación para establecer la responsabilidad de los militares en los hechos, mientras que la Fiscalía General de la Nación adelantaba una investigación paralela con el radicado 419. La señora Alba Janeth García Guevara, representada por el Colectivo de Abogados Minga —personajes de quienes habíamos hablado el viernes pasado— solicitó a la Fiscalía General de la Nación, reclamar a la justicia castrense el conocimiento de la investigación de la masacre de Santo Domingo, aduciendo que ese proceso correspondía a una grave violación de DDHH y que de conformidad con la ley, solo podía ser conocida por la justicia ordinaria. A esta solicitud accedió el ente investigador pero fue rechazado por la Justicia Penal Militar, razón que motivó a la justicia castrense para trabar conflicto positivo de competencias, que se resolvió a favor de esta justicia por parte de Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en proveído de octubre 18 de 2001. Dicha determinación fue demandada por vía de tutela por la señora Alba Janeth ante la Corte Constitucional. Esta corporación que mediante sentencia T-932 de 2002, determinó que ante la duda de si la autoría de la muerte de los civiles era atribuible a los militares o a los terroristas, la investigación debería ser llevada por la justicia ordinaria. Por este motivo la investigación pasó a ser conducida en su totalidad por un delegado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá, bajo el número de radicado 419. Una vez la investigación de los militares llegó a manos de la Unidad de Derechos Humanos de la FGN y se avocó conocimiento, comenzaron a presentarse gravísimas fallas en la recolección de pruebas y dictámenes periciales, al punto de cometerse —como está demostrado en la denuncia— fraude procesal, falsedad en documento público entre otras conductas punibles, que están siendo investigadas por la fiscalía 13 Delegada ante Tribunal, con en el radicado 171. Con estas preocupantes inconsistencias probatorias dentro de etapa de instrucción, mediante resolución de 09 de octubre de 2003, se decretó el cierre parcial de la investigación y se dictó resolución de acusación contra dos Oficiales de la Fuerza Aérea. En este punto podemos decir que se materializan las primeras consecuencias procesales injustas contra los pilotos, derivadas del montaje ruin que se adelantó; esta novela en favor del narcoterrorismo apenas empieza. Seguidamente, mediante resolución de 15 de Mayo de 2007 se decretó el cierre de la investigación en contra de Germán Suarez Briceño alias Grannobles y José Roselar Pérez, por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado entre otros. Como era de esperarse, el Juzgado Doce Penal del Circuito de Bogotá condenó por homicidio culposo a seis años de prisión a miembros de la Fuerza Aérea en Agosto de 2007. Esta decisión fue apelada tanto por los involucrados como por la parte civil, es decir el Colectivo de Abogados Minga representando a Alba Janeth García. Estos últimos solicitaron al Tribunal Superior de Bogotá, que el delito fuera cambiado de modalidad por la de dolo eventual. De manera campante y pariendo un exabrupto jurídico el Honorable Magistrado Luis Mariano Rodríguez Roa, empleó la ley 600 de 2000 para cambiar la conducta de los hechos ocurridos en vigencia de la ley 2700 de 1991, código que no permitía tal cambio en esa instancia, es decir que de manera inexplicable se aplicó una ley en forma retroactiva y desfavorable. Apenas para Caracol: pero no para hacer ver los vejámenes de esta dizque justicia, sino para que hagan una novela exaltando las bondades del narcoguerrillero Germán Suárez Briceño alias “Grannobles” y sus secuaces de las Farc. Supongo que para el equipo de producción, este facineroso bandido debe ser otro modelo a seguir en nuestra sociedad. #nomasmentiras. Abrazo cálido. Seguimos trabajando. presidencia@colombiaconmemoria.org @colconmemoria