Aunque quisiera creerle a esa cara de monseñor en vísperas del cardenalato y a esa actitud de salvador de la patria, el Procurador Ordóñez siempre me deja vivas las dudas sobre sus decisiones porque, entre la sotana que no se pone pero que merece, he alcanzado a verle varas distintas para medir a quienes juzga.

Es guapo con los chiquitos. Y no estoy diciendo que Samuel Moreno lo sea porque de desmentirlo se encarga su tamaño litro, y tampoco es chiquita Piedad Córdoba a quien Ordoñez le aplicó sin contemplación sus credos ideológicos, sino que lo digo porque el Procurador ha escogido a quien caerle y cuándo caerle, orientado por la brújula de la simpatía con la opinión pública: sus dos objetivos que dije por ejemplo pertenecían en las encuestas a los estratos más bajos de las antipatías de los colombianos, lo cual le ha garantizado a Ordoñez un cerrado aplauso de su tribuna vociferante.

Leguleyos como somos, se discute ahora si el Procurador está parado para su decisión sobre el Alcalde en un sólido piso jurídico, y, metalizados como también somos, muchos se preguntan por qué en la decisión no hay cifras de miles de millones, porcentajes de comisiones malditas y cálculos de sobrecostos infames. Y se asustan ante que de pronto la suspensión se derrumbe porque le faltan esos capítulos de la tragicomedia del combo de los Nule que ha arrastrado hasta el paredón a la familia Moreno, como si fueran pocos los motivos de la suspensión: una ciudad desbaratada y urgida de reconstrucción.

Soy de los que defiende la acusación por negligencia. Es que no todo es tanto por ciento en esta vida. Aunque esa, la del vil metal, es la que más duele porque es la que conduce al enriquecimiento mal habido, la corrupción apesta también cuando se deja de hacer. Porque en la una, en la contante, se están yendo las platas puestas por los impuestos de todos, y a veces se van del todo porque quienes se dedican al saqueo del tesoro no tienen fondo: han perdido la vergüenza al punto de que ya no se quedan con aquella mordida del veinte por ciento, que era la que Turbay Ayala consideraba una proporción justa de la corrupción, sino que ahora van por restos y se quedan con todo, como si ese crimen fuera realmente inherente a la naturaleza humana, como lo proclamaba uno de los miembros de la pandilla Nule.

Y la decisión de Ordóñez sobre Moreno es la otra cara de la corrupción, la que está sustentada en el desamparo. En el caso de Bogotá me parece obvia por visible (ese pantanero de la muy recordada Avenida Eldorado, que era la única avenida verdadera que tenía Colombia) y me parece aleccionadora porque está mandando el mensaje según el cual los funcionarios tienen no solo ser honestos en el manejo de los dineros públicos, sino también eficientes y estar de verdad bien preparados para asumir los cargos que aceptan o a los que aspiran, en los cuales se posesionan recitando unas frases grabadas en mármol que no les dice nada a ellos, pero que hablan de hacerlo bien, con juicio y con responsabilidad porque de no ser así Dios y la patria les pedirán las cuentas.

Ya que la revocatoria de los mandatos es una tarea tan ardua y tan susceptible de manipuleo de parte de los gobernantes, la vía rápida de acoso y castigo empleada por el Procurador me parece aceptable. Al menos para que la Procuraduría, caricaturizada ya por mucho empleado público que la ve sólo como una “asustadería”, al menos para que otros alcaldes y gobernadores, otros ministros y jefes de despachos, sepan que su ausencia de criterio no es impune.Que tienen que responder también por lo que no hacen.

Así que si monseñor Ordóñez saca de su sotana la misma vara para medir a otros funcionarios como ha medido a Samuel Moreno, muy pronto tendremos muchos escritorios vacantes porque son un montón los que manejan los destinos de pueblos y ciudades, poseídos tan sólo por la ambición política y por la posibilidad de hacer negocios privados, pero sin la actitud de servicio que se necesita y sin la aptitud necesaria para evitar lo que estamos sufriendo en Bogotá.