¿Qué se puede esperar de la reforma tributaria?

Se dice que el proyecto de reforma tributaria fue muy estudiado, asumiendo que la Unidad Nacional será la aplanadora que vota sin discutir el contenido. Se omite sin embargo que el principio más fundamental de la tributación en democracia es el de ‘no hay tributación sin representación’ y por eso es el Congreso quien tiene la última palabra en la materia; no es tan evidente la aprobación automática, y no sería raro que terminara como la reforma a la Justicia en un frankestein que deje más dudas que expectativas positivas. Coincidió esta presentación con los debates entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Y las medidas que se proponen y los argumentos para sustentarlas son los mismos que las del candidato republicano Mitt Romney. Básicamente es la línea conservadora que defiende que el desarrollo económico debe ser el único propósito de los gobiernos, y que él depende de la inversión; y que en consecuencia quienes tienen capacidad para invertir deben ser los consentidos de esta reforma. Allá con suficiente claridad respecto a que es en el sistema tributario donde se define el modelo y la orientación del Estado; aquí como si la información para el público y la participación de  los diferentes sectores en esa conformación fuera un asunto marginal. En todo caso lo propuesto no fue ‘socializado’ con los sectores potencial o aparentemente afectados. Sí en cambio con los beneficiarios, como son el sector empresarial y quienes están al tope de los ingresos de renta o tienen ganancias ocasionales por el mayor valor de sus bienes. El enunciado de que el propósito es la generación de más puestos de trabajo y la formalización del sector laboral le da buen aspecto a la ley; pero lo presentado no va más allá de la simple afirmación. Por ejemplo se asegura que la reducción de los parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Cajas de Compensación) se sustituirá por una forma de gravamen a las utilidades pero sin entrar en los detalles de cómo funcionaría este sistema o qué otros efectos colaterales tendría; no se sabe porqué o cómo se producirán mayores utilidades —para cubrir ese mayor costo sin afectar el ingreso de los inversionistas—, o si el neto de lo que estos recibirán será menor (caso en el cual se desestimularía el desarrollo empresarial). La explicación de que el efecto será neutral para las arcas del Estado no la deben ver bien los que ingresan como nuevos contribuyentes o a quienes se les aumentan los mínimos de impuesto. La idea de que esto compensaría la disminución de los anteriores equivale a decir que es sobre la clase media que recaerá el nuevo esfuerzo. Menos grave sería que no fuera neutral y que el mayor ingreso sirviera programas redistributivos, y no que el resultado sea menores impuestos para los más pudientes (porque no es a los que ni siquiera tributan, los más pobres, a quienes se les puede disminuir la tributación). Existiendo un consenso respecto a lo regresivo y antitécnico del 4 por mil (porque siendo igual para todos, pesa más proporcionalmente para quienes lejos de gozar de sobrantes de fortuna tienen apenas para pagar lo que consumen; y porque desestimula la ‘bancarización’) no se entiende que no se elimine de un tajo. El no incluir un gravamen a las remesas por utilidades a las compañías extranjeras —o en todo caso fijar siquiera una proporción máxima— torna inocuo lo que se espera lograr de la inversión de esas compañías: las cifras oficiales dicen que por ese rubro ha sido más lo enviado al exterior que lo atraído como IES (Inversión Extranjera Directa) luego de esos recursos que llegaron nada queda como aporte al capital productivo nacional. Por último (y no por eso lo menos importante) otras leyes han sido —por lo menos en la parte formal y de imagen— encaminadas a subsanar temas pendientes no resueltos. Es el caso de la de Restitución de Tierras, o la de Reparación o Indemnización a las víctimas del conflicto. Como estrategia paralela o por simple coincidencia, es un hecho que esto creó un ambiente para acercar la insurgencia a los diálogos de paz. Sin saber si el camino de concertar con la guerrilla es mejor o no que el tramitarla por fuera de la mesas, la contradicción de este proyecto con la posición asumida respecto a la Ley de Desarrollo Rural es patente; es de asumir que es similar el interés de la insurgencia en el tema, y no hay razón evidente para un tratamiento diferente.