Quién vigilará la anticorrupción

El tema de la corrupción, asociado a la financiación de la política, al tráfico de armas y de drogas consideradas ilícitas, a la construcción de obras públicas y a tantas actividades de la esfera privada, se ha convertido en un asunto de debate mundial por sus implicaciones en la gobernabilidad de los países, y muy especialmente por la crisis económica que afecta a tantas regiones, agravada ante las diversas manifestaciones de la naturaleza como el intenso invierno, donde se precisa de grandes recursos para la reparación de los daños causados. En este contexto el Gobierno colombiano presentó al Congreso de la República el Estatuto Anticorrupción que integra medidas administrativas y disciplinarias para combatir este flagelo, crea nuevos delitos y limita los beneficios legales a los condenados.  Además  ha propuesto  crear la Comisión Nacional para la Moralización con el propósito de que esta instancia coordine diversas acciones, cuando por diversos medios se tenga información de situaciones de corrupción en entidades del Estado. En igual sentido  plantea la creación de la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la Corrupción, integrada, entre otros, por representantes de los gremios económicos, organizaciones no gubernamentales y universidades. Su tarea especial sería hacerle seguimiento a las políticas anticorrupción. En materia administrativa, el principal componente del estatuto será prohibir que los ex servidores públicos  gestionen contratos con las entidades en las que laboraron;  y  las personas que financien campañas políticas no podrán celebrar contratos con las entidades públicas de los lugares donde ejerza el candidato apoyado, durante el período por el cual haya sido elegido. El proyecto que surte su trámite ante el Congreso establece, que en los eventos donde el caso jurídico termine con una sentencia condenatoria, no se le concedan al acusado los subrogados penales cuando se trate de: procesos por delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, estafa y abuso de confianza sobre bienes del estado, prevaricato, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos, tráfico de influencias y peculado por apropiación. Se considera también crear el delito de corrupción privada, en el que incurriría quien ofrezca a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad,  beneficios para que lo favorezcan, y esta conducta tendría una sanción de uno a dos años de prisión. Así mismo se crearía el delito de administración desleal, para sancionar con cárcel de dos a cuatro años a los socios y funcionarios de cualquier organización que disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad. El proyecto de ley contempla crear el Fondo Anticorrupción del Sector Salud y dispone que, quien coloque en venta medicamentos o dispositivos médicos a precios superiores a los fijados por la autoridad competente, incurrirá en prisión de 48 a 96 meses. El peculado por aplicación diferente de recursos destinados exclusivamente a la salud agravaría la pena, de una tercera parte a la mitad. Como un elemento de protección a la contratación se propone que los contratistas que reciban más de cinco multas durante la ejecución de un mismo contrato o durante una misma vigencia fiscal quedarían inhabilitados. Es importante que se abra en el país un debate sobre la corrupción y sus implicaciones en la vida social.  Reconozco la iniciativa del Gobierno al presentar en el Congreso el estatuto referido, pero indudablemente el tema va más allá de crear una legislación. Como bien sabemos en los últimos veinte años se han creado varios estatutos anticorrupción,  se han conformado comisiones encargadas de la moralización, se han anunciado penas severas e investigaciones exhaustivas, y sin embargo hace pocos años fueron conocidos casos como los del Guavio, Dragacol, Termo Río, Chambacú, Bancos del Pacífico y Andino, el metro de Medellín. Y los más recientes: agro ingreso seguro, las interceptaciones ilegales del DAS, el llamado cartel de la contratación,  y los escándalos en el Congreso y la clase política en el manejo de contratos y asignación de notarías. Bien sabemos que la corrupción no es un fenómeno nuevo, como tampoco lo son las recomendaciones para controlarlo. La corrupción implica la violación de las reglas establecidas para obtener ganancias y beneficios personales. El analista político Hindú Kautylia describió en el siglo IV a.c. cuarenta formas en que un funcionario público podía engañar al estado y propuso un sistema de castigos y recompensas para impedir estas actividades. El tema de la corrupción ha generado en nuestro devenir un cambio tan penoso de valores, que lo  que hoy prima es el individualismo y el ansia indetenible de enriquecerse a cualquier riesgo;  donde el pillaje pasa orondo por encima de las realidades apremiantes de un país que todavía espera la solución de antiguas necesidades, oportunidades equitativas de educación, salud y trabajo, y más equilibrio ante los evidentes niveles de pobreza. Es por eso que no basta con la creación de más y más organismos anticorrupción; será una acción ciudadana que comience desde los núcleos más íntimos de la sociedad, la que lidere una movilización real que nos permita construir nuevos horizontes de honestidad y justicia.