Hoy 9 de abril, como todos los años, se conmemorará a las víctimas que dejó y aún deja la guerra que hemos padecido por más de cinco décadas en el país.
La compleja realidad de las víctimas no debería ser un asunto ajeno para los colombianos. Sin embargo, lo usual es que el conocimiento sobre el tema sea limitado, que abunden los prejuicios, que se confundan conceptos y que no se dimensione lo que implica la reparación. El Gobierno muchas veces se pasa por la faja los derechos de las víctimas y no pasa nada.
En el país, a primero de marzo de 2019, hay 8,7 millones de víctimas. Para tener una idea general de sus características, se puede decir que la mayoría (7,7 millones) han sufrido hechos de desplazamiento. Hay un millón de víctimas de homicidio y 450 mil de amenazas. Se registran 171 mil con eventos de desaparición forzada y 116 mil casos de pérdida de bienes. La mayoría están entre los 29 y los 60 años (3,1 millones). Hay casi 375 mil víctimas entre los 0 y los 5 años y 1,01 millones entre los 12 y los 17 años.
Los departamentos con mayor ocurrencia de hechos que dejaron víctimas son Antioquia con más de 1,7 millones, Bolívar con más de 600 mil y Magdalena con 500 mil. Por género hay mayor registro de mujeres víctimas con 4,40 millones de casos frente a 4,37 millones de hombres y 3.800 personas LGBTI. La etnia más afectada por el conflicto fue la negra o afrocolombiana con 843 mil víctimas, seguidos por los indígenas con 220 mil.
En Bogotá, según el Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado, residen a la fecha 352 mil víctimas (un 4,1% del total de la nación). La mayoría de ellas vive en la localidad de Ciudad Bolívar (cerca de 27 mil). Le siguen Bosa con 25 mil, Kennedy con 23 mil, Suba con 15 mil y San Cristóbal y Usme, cada una con 11 mil víctimas, respectivamente.
Estas cifras pueden sorprender a muchos y es que el tema de víctimas es una realidad mucho más compleja de lo que creemos entender al respecto. Como sociedad existe, especialmente en zonas no tan afectadas por el conflicto, una indiferencia ante el tema; o como lo describe Cynthia de Benito “hay una gran capa de gente que está ausente en la discusión porque no ha sido interpelada por la guerra, y que pertenecen, generalmente, a una discreta clase media en la que hay una suerte de escepticismo porque la guerra ni les va ni les viene". Esto crea un ambiente de desconfianza hacia las víctimas porque se cree que mienten o exageran. O incluso se descalifica el hecho de que personas de condición socio económica favorable se declaren víctimas cuando les asiste todo el derecho a hacerlo.
Con este escenario, en que las víctimas suelen ser maltratadas y discriminadas, preocupa lo que viene ocurriendo en el nivel nacional con el actual Gobierno. Por ejemplo, el nombramiento de Rubén Darío Acevedo -quien ha desconocido la existencia del conflicto- como director del Centro de Memoria Histórica no deja de ser polémico, así el funcionario haya llegado con actitud conciliadora. Esa decisión es inconveniente porque vulnera la confianza (organizaciones de víctimas llegaron a anunciar su intención de retirar archivos depositados en la entidad) y puede parecer un irrespeto o desafío para las víctimas. Este tipo de hechos no es saludable en el marco de un posconflicto que debería guiarnos a la reconciliación.
Las bases del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, que está en discusión en el Congreso, generan también varias inquietudes. Desde la definición de víctimas contenida en ese documento se observa un enfoque muy distinto al que está vigente en la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011). Según esta última, las víctimas son “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.
En las bases del plan de desarrollo se lee “El país cuenta con nueve millones de colombianos que han sido identificados y registrados como víctimas, producto de los actos criminales y terroristas de los grupos al margen de la ley”. Aquí ni se habla de conflicto ni se menciona a las víctimas de actores que están dentro de la legalidad.
El enfoque del plan de desarrollo parece incurrir en otro error. Suponer que las víctimas del conflicto se reducirán en el corto y mediano plazo. Las mismas decisiones del Gobierno en temas de paz pueden hacer que este, lamentablemente, no sea el escenario real. A pesar de que, desde 2013 se presentara una reducción en el Registro Único de Víctimas, al pasar de 326 mil a 126 mil en 2017, para 2018 esta tendencia se quebró. En un solo año se registraron 5 mil casos más que en el año anterior
En este marco preocupa que el gobierno muestre su intención de reducir recursos para la asistencia humanitaria que brinda el Estado a personas que ven vulnerados sus derechos. Estos recursos son complementarios, ni siquiera son parte de la reparación. El argumento para ir reduciendo ese presupuesto es que es asistencialista, no ayuda a superar la pobreza y perpetúa la dependencia de las víctimas. Se confunde aquí la política de víctimas, cuyo objetivo es la restitución de los derechos de quienes fueron vulnerados a causa de la incapacidad del Estado de Defenderlos, como lo afirma la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con la política social del Estado.
Ojalá estos temas salgan mejorados en la versión definitiva del plan. Hasta ahora el debate en el Congreso ha tendido a centrarse en el presupuesto pero es necesario que se revisen también estos lineamientos y el enfoque que se está tratando de introducir en el tema de víctimas. Todo parece indicar que la relación entre el gobierno de Duque y las víctimas, como se esperaba, no va a fluir armoniosamente y que se vienen grandes debates con respecto a temas trascendentales como la Ley de Víctimas que tiene vigencia hasta 2021.
Si en verdad le preocupan las víctimas del conflicto armado al Presidente, como lo argumentó para objetar la JEP, entendería que la reparación no se logra solo con cárcel para los victimarios, sino también con recursos para repararles de los vejámenes causados por los guerreros de todos los bandos ideológicos, institucionales y no institucionales.
