La decisión del Ejecutivo de dejar explícito en el proyecto de Ley de Víctimas el término “conflicto armado”, ha encendido un fuerte debate por las implicaciones nefastas, que a juicio de varios entendidos, traería para la Nación. La disyuntiva no es Santos vs. Uribe, esa no es la cuestión. Es obvio que todos los avances del gobierno del presidente Uribe estarían de camino al traste por cuenta de un gobierno con sed de figuración internacional.

Es evidente que al presidente Santos poco o nada le importan los avances del gobierno anterior en asuntos de orden público, pues a menos de doce meses de gestión volvieron las Farc a atacar como hace años no lo hacían, los constantes hostigamientos en la vía Panamericana, los ataques en Caloto (Cauca) y la última acción criminal en Sucre municipio del mismo departamento, muestran  que esa organización ilegal quiere hacerse a través del terror y la violencia.

Si mucho se había ganado con la política de seguridad del presidente Uribe, pues mucho se ha perdido con la política pasiva del gobierno Santos. Sumado a ello el Ejecutivo permitió colocar un gorila de tamaño prehistórico con la famosa frase “conflicto interno” y por cuenta de ella todos los colombianos estamos ad portas de enfrentar en los próximos años situaciones difíciles no lejanas a latitudes del norte de África y Oriente próximo. Uribe, un hombre correcto, cauto y prudente con el actual gobierno, planteó sus teorías al respecto, pero lamentablemente se hizo sentir el poder “lentejo” y atrás quedaron las lealtades y el compromiso por la patria misma.

Las definiciones taxativas en la legislación internacional sobre conflicto armado interno abren el camino para que un tercero reconozca el status de beligerancia contenidos en el artículo 1 del protocolo adicional II. Hablar de conflicto interno es hablar de dictaduras, caso que no es acorde con la realidad, al igual es decirle a nuestros vecinos que han pedido la beligerancia para las Farc que estaban en lo correcto, y dejar de un lado las declaraciones de terroristas de Canadá, de la Unión Europea y de los Estados Unidos.

La Ley de Víctimas con esa frase pasó de ser un acto atenuante para las víctimas a  una ley que los pone como objeto o piezas clave de un juego de póker, y la carta bajo la mesa son nada más y nada menos que las víctimas.

¿Quién gana? Reconocer el conflicto interno es decirle a los violentos que han ganado una guerra jurídica que el gobierno anterior libró con vehemencia, esta teoría que viene desde el 94 cuando el gobierno de entonces empezó a hablar de conflicto interno. También es afirmar que las Farc tienen influencia y administran territorios, que no es el caso de Colombia, y es equiparar a terroristas con nuestros soldados del Ejército Nacional. Declarar el conflicto interno es decirle a los violentos de manera tácita que nuestras Fuerzas Militares no podrán bombardear campamentos de bandidos desde aviones fantasma o los exitosos helicópteros black hawk, porque hay que cumplir con los derechos humanos y la protección de civiles inocentes, y no es que se hayan dejado de respetar por cuenta de que no existiera en nuestra legislación la frase, sino porque en los tratados internacionales en el derecho de gentes, se dice que esas fuerzas insurrectas con mando organizado y que controlan un territorio habitado por civiles inocentes.

Para muchos o para todos, esto se ve como un asunto gramatical y aprueban la frase porque no es mentira que padecemos más de 50 años de violencia fratricida; pero reconocer que aquí hay violencia, grupos al margen de la ley y terrorismo es muy diferente a declarar en una Ley de Víctimas que aquí hay conflicto interno. Las víctimas, como siempre, quedan en la mitad, padeciendo por los intereses absurdos de unos y otros, la bolita está en que todo va a conducir a un proceso de paz, a una posible desmovilización de las Farc o al menos así parece. Nos gustaría saber de parte del gobierno que es lo que está en juego y por qué tantas trapisondas al derecho de los colombianos y las víctimas.

Ahora bien, de esta ley van a sacar la mayor tajada, no las víctimas de la violencia de los grupos armados al margen de la ley, sino los victimarios. En la misma parece esconderse una propuesta de paz que pretende beneficiar a las Farc.

Si el gobierno quiere y está empeñándose con esmero en hacer un acuerdo de paz con las Farc, que le cuente a los colombianos, que diga con la cara frente al sol lo que está haciendo, cuándo y cómo empezaron las conversaciones; lugar y condiciones de las partes. La paz es una necesidad y un derecho de los colombianos, pero qué cuenten que está pasando. Los colombianos de bien no queremos saber en un año o de la noche a la mañana, que Santos y hasta quizás el mismo presidente Hugo Chávez, dejó empeñados nuestros impuestos para pagarles las reparaciones (casa, carro y beca) a los victimarios.

Y entre tanto, ¿Qué hará Uribe?

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