Votar siete veces sí en la consulta popular del próximo 26 de agosto debe ser un imperativo de todos los colombianos interesados en combatir –por primera vez– la corrupción política a través de un mecanismo de participación ciudadana.
Se trata de siete preguntas enfocadas a fortalecer el control de los ciudadanos sobre el ejercicio político, un objetivo muy loable si se tienen en cuenta todos los casos de corrupción que año tras año se descubren sin que pase nada, o la falta de transparencia y participación en las instancias de Gobierno, especialmente a nivel local.
Así las cosas, se busca que se les niegue la posibilidad de una reclusión especial a las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública, y que el Estado pueda dar por terminados –sin lugar a indemnización– sus contratos o los de las organizaciones que representan.
Otro punto interesante que será sometido a votación es que todos los que hemos sido elegidos por voto popular debamos presentar públicamente nuestras declaraciones de bienes, patrimonio y renta, pago de impuestos y conflictos de intereses.
Este tema es importante porque, a pesar de mis reiterados llamados, somos pocos los congresistas que siempre hemos publicado nuestras declaraciones de renta, así que ahora los colombianos tendrán la oportunidad de conocer quiénes son los millonarios que dicen representar a la ciudadanía y que lo único que hacen es usarla.
Los otros puntos hacen referencia a la obligación de que los congresistas anualmente rindan cuentas sobre su asistencia a los debates, propuestas, votaciones, proyectos y cargos públicos a los que hayan presentado algún candidato; la utilización de los pliegos Tipo en los procesos de contratación que involucren dineros públicos, para reducir las adjudicaciones a dedo; la realización de audiencias públicas para que los ciudadanos decidan la priorización y el desglose del presupuesto de inversión a nivel nacional y local; y limitar a máximo tres períodos el tiempo que los elegidos pueden permanecer en corporaciones públicas.
Pero esta consulta es también un paso en el largo camino de cerrar la brecha la desigualdad. Es por eso que la primera pregunta del tarjetón busca la disminución del salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado –pasando de 40 salarios mínimos mensuales a 25–, porque en nuestro país el 54% de los colombianos ganan menos de un salario mínimo y el 84% menos de dos, mientras que los congresistas devengan 40 veces más que el promedio. Esta medida, solo en el Senado, le ahorraría al Estado más de 1.195 millones de pesos cada mes.
Para que esto sea una realidad, se necesita superar un umbral de participación del 33% del censo electoral, es decir que mínimo 12.4 millones de colombianos tienen que acudir a las urnas; y, en adelante, cada pregunta se aprobará con la mitad más uno de los votos de los colombianos por el sí, es decir, estamos hablando de la menos 6.130.657 votos en cada punto.
Así que el reto es realmente exigente y nuevamente el balon está en nuestra cancha. Se viene una corta y agitada lucha titánica, pero si logramos recuperar la confianza de los ciudadanos que viven en los departamentos más afectados por la corrupción e inequidad –como los del Caribe–, lo podemos lograr.
