Silvia Gette, Álvaro Cruz y el registrador de Bojayá

Corrupción en el sector educativo sin resolverse -Silvia Gette-, los estrechos lazos con el ácido cartel de los falsos testigos y el falseamiento de la actividad acusadora de la Fiscalía General,  hacen de este el común denominador frente a Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca, y Rafael Antonio Posso Reyes, registrador  de Bojayá a punto de ser merecidamente sancionado por la Procuraduría General de la Nación, por cargos relativos al fraude en las últimas elecciones de parlamento que denunciamos en su momento. Silvia Gette y el cartel de falsos testigos Para estos  días en que la educación - servicio público, de nítido interés general-  ha vuelto a la palestra pública con el sostenido paro de los educadores públicos, precedido de la metástasis en la Universidad  San Martin, se entiende menos por qué extrañamente el ministerio de Educación, y en particular la ministra Gina Parody, después de tres años no ha sancionado a la propia Silvia Gette, quien aún pese a estar privada de la libertad no está inhabilitada para ser rectora de cualquier universidad del país, ni cómo la Fiscalía se ha tornado autista a los puntuales señalamientos cualificados de miembros de cerrados círculos paramilitares sobre su relación presunta con un cartel de testigos en su favor con presencia o participación en el CTI de la Fiscalía, y como el ex Fiscal General Guillermo Mendoza seguiría manejando los hilos de su defensa como asesor de la misma, aun después de ser capturado un abogado intentando la compra de testigos, temas que hemos judicializado recientemente como lo registró El Heraldo de Barranquilla. Los bienes de la Gette, por varios miles de millones, y quien aún no ha reparado a las víctimas, siguen en su poder, con la posibilidad inminente de que los distraiga, así con posterioridad ello le derive en nuevas acciones legales en su contra. La Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía precisa, sin más amagos, poner en marcha los dispositivos que le permiten emprender con el acelerador  a fondo la extinción de dominio de los bienes de Silvia Gette, y sus más de $40 mil millones con los que cuenta en sus activos actuales, debidamente acreditados en títulos de propiedad vigentes. La Cruz  de Álvaro,  el Gobernador de Cundinamarca Tras años de insistencia y retraso, igual que con el tema de Saludcoop, es este caso por primera, pocos meses antes de la terminación del periodo  del Fiscal Montealegre, incursiona en el segundo piso del cartel de la contratación, quien con usual laxitud cita a simple interrogando a Álvaro Cruz para los próximos días, Gobernador de Cundinamarca, contra quien además pesan operaciones y contratos  cuestionadas en Cundinamarca, incluyendo la concesión Panamericana y su propia inhabilidad pasados con los vínculos con ICM. La Fiscalía  debió imputarle cargos y solicitarle directamente la medida de aseguramiento, dado que diversos testigos de excepción  -cada uno de los cuales ha sido suficiente para vincular a concejales por los mismos hechos-. Vienen las elecciones territoriales y el Fiscal no ha podido con el “cartel de la contratación” y otra vez Bogotá  va a terminar votando por concejales archicorruptos cuya presencia en la duma distrital es deuda directa con los altibajo de la “pereza” acusatoria de la Fiscalía. En estos días la Fiscalía oirá al gobernador Álvaro Cruz, habrá que ver hasta dónde está dispuesta a llevar la cruz de Álvaro. Nueva investigación pendiente contra la cruz de las juntas de acción descomunal en Cundinamarca: Las cerca de 4.600 juntas de acción comunal con diez dignatarios cada una, que existen en el departamento de Cundinamarca, podrían ser uno de los secretos mejor guardados en el control  político electoral por parte del Gobernador Cruz. Según denuncias recibidas, ríos de favores “líquidos” habrían corrido en el mar de la corrupción electoral de este departamento tan cercano del centro del país, y tan olvidado y hasta intocable por parte de los órganos de control y de la tímida o balbuceante Fiscalía de Montealegre que apenas si se atreve a mostrarle los dientes por el cartel de la contratación y sus vínculos con ICM, y la concesión Panamericana. En Cundinamarca ha tornado en costumbre con fuerza de ley que tanto la política de ideas y propuestas, así como el proselitismo limpio queda obviado y al margen de la manzanilla cerrada, y de la cooptación sino compra de las juntas de acción comunal, cuyos dirigentes se ferian en un empeño estrictamente personal, con el compromiso de multiplicarse por dos o tres - conseguir unos pocos  votos- suficientes para imponerse a cualquier opción democrática de genuino poder ciudadano o popular. Registrador de Bojayá, Tulio Cesar Chala: ¿de la masacre armada a la masacre electoral? Tulio Cesar Chala, Registrador de Bojayá, aspiramos sea sancionado esta semana por la Procuraduría General de la Nación quien lo llamó a responder por faltas calificadas gravísimas en el escrutinio electoral en las elecciones de Congreso de la República, irregularidades de las que como coordinador de un equipo de veeduría, fuimos -en medio de un caudal de intimidaciones- , lo advertimos, lo vimos y lo denunciamos. Un fraude electoral en Bojayá representa una masacre a al santuario de la democracia y por tanto  igual y quizás aún  de peor estirpe que la sufrida por esa población por el conflicto armado dentro de un templo religioso. En las elecciones a Congreso de la República del pasado marzo  corrimos por la espesa madre naturales, corrimos navegando por sus aguas inmensas y  plena de embrujo y volamos por los más escondido, no solo apartados, colosales bordes de la geografía Chocoana para constatar “en vivo y en directo” los vicios de la corruptela electoral en sentido primario. Vimos como Bojayá, trágicamente renombrada por la execrable e injustificable masacre dentro de una iglesia - por parte de la insurgencia-, tiempo después pasaba a ser re victimizada por cuenta del atropello del certamen electoral bajo la férula sesgada del registrador municipal - de la mano de la junta escrutadora, aun impune-  entre otros, incluido el exalcade de ese municipio Manuel Joaquín Palacios,- preso recientemente, quien aparece en los comerciales del Partido de la U, secretario General  y compromisario oficial de esa colectividad en el Choco-, cuya esposa o compañera sentimental  labora como Fiscal en Quibdó. Acudiremos a la audiencia esperanzadamente como veedores para constatar  cómo se sanciona a un registrador que empezó el escrutinio municipal, un día después de lo debido, donde las bolsas donde se acopiaron los sufragios estaban completamente rotas, y se trasladó el puesto de escrutinio municipal, donde macondianamente los desaparecidos aparecieron, desplazados regresaron de lugares remotos en chalupas aéreas, y donde hasta muertos resucitaron, regresaron del más allá todos ellos ese 9 de marzo para sufragar por unos mismos avasalladores candidatos que jamás habían visitado Bojayá. A esas ordas de votantes, como era de esperarse, aparecen en las estadísticas del Registrador Tulio Cesar Chala, nadie los vio llegar, tampoco lo vio partir. Desmantelar el cartel electoral en el departamento del Chocó, y relevar a la dirigencia política penalmente condenada es sin duda el mejor aporte para superar las condiciones de miseria y marginalidad sin memoria que hacen inviable al departamento más saqueado y  rico del país, no solo en términos materiales, sino culturales y humanos. Otras lupas: Equilibrio de poderes y desequilibrio de la Fiscalía: El errático Fiscal  General, Eduardo Montealegre, sigue empecinado en incidir en las decisiones del Congreso como ocurrió con la Fiscal Delegada ante el Tribunal - y compañera del secretario de la Comisión de Acusaciones, cuota de Montealegre- quien en lugar de cumplir su función judicial  de perseguir el delito,  por fuera de sus funciones, direccionaba el voto de parlamentarios para interceder por impedir la  ampliación de la inhabilidad de aquel para litigiar ante la Fiscalía por 5 años –una vez cumplido su periodo constitucional-.Bonito asunto para la Procuraduría. @Rveedurias reddeveedurias@redver.org