Cuando los cabildos del Norte del Cauca toman la decisión de levantar las garitas de vigilancia detrás de las cuales se refugian los militares y desde donde hacen esfuerzos, a veces inútiles, por mantener el orden público en este departamento, están enviando mensajes muy complejos a Colombia y al Gobierno. Algunos de estos recados resultan aceptables mirados en forma separada, pero en su conjunto suenan más como un desafío a nuestra Nación.

El primer mensaje, derivado del actuar de los cabildos, es que en esos territorios reconocidos en la Constitución y las leyes, los pueblos indígenas son soberanos. De aceptarse esto se derivaría a una conclusión operativa: allí mandan las leyes de los pueblos que los ocupan y nadie más. Allí no tiene porque actuar ninguna autoridad externa, como sería el gobierno colombiano, y lo que pase no debería ser de incumbencia para el resto del país. Es tanto como si tuviéramos una nación independiente dentro de los límites de Colombia, y hubiera que respetarla en la totalidad de sus decisiones.

Parece peligroso este concepto de soberanía, dentro de límites nacionales, cuando lo que hay es un derecho a la tierra bajo formas de propiedad colectiva y de organización de la administración de ese territorio, pero nunca un dominio irrestricto sobre los mismos. De aceptarse este principio estaríamos renunciando a la Nación como Estado unitario, para dar paso a un país fragmentado, de repúblicas balcánicas que pronto abriría el camino a otros territorios libres en manos de las Farc o de la delincuencia organizada, como las bacrim, que hoy campean en territorios colectivos de comunidades negras o indígenas.

Lo que pasa en el Cauca, no se queda en el Cauca, crece y se reproduce en el resto del país y por lo tanto no es de incumbencia exclusiva de los habitantes de ese departamento. Entiendo que en primerísimo lugar de las preocupaciones humanitarias deben estar los habitantes que sufren lo indecible por estar en medio del conflicto, pero retirar al Estado no será garantía de que se retiren de allí los actores armados ilegales. Creer esto es de una ingenuidad que resulta sospechosa.

El segundo mensaje sirve de argumento para el primero, y es que el actuar de los cabildos representa una opción por la paz, por el desarme y por el respeto a la vida. ¡Cierto! Solicitar que se acabe el conflicto es eso, la paz, como la queremos en toda Colombia, no solo en los cabildos. El deseo de una patria sin conflicto es un propósito nacional, que se comparte aún desde distintas ideologías. La guerra no es una opción, es un negocio para unos pocos que se lucran de la muerte y la intimidación. Las Farc olvidaron de que hacen la guerra para lograr algún día la paz y la reconciliación, y convirtieron la guerra en un estilo de vida, no un proceso sino un fin, que alimentan con formas distintas de financiación: el secuestro, el robo, la extorsión y finalmente las más lucrativas, el narcotráfico y la minería ilegal.

La paz la queremos todos no solo los indígenas, pero por supuesto la quiere más quien más cerca tiene la guerra y ese es el caso del departamento del Cauca. Ahora, retirar a las fuerzas armadas legítimas respetando el concepto de soberanía territorial, llevará probablemente a un cese temporal e incierto de hostilidades y recrudecerá la guerra en el resto de Colombia. La guerrilla no se va a ir del territorio Nasa porque se lo pidan las autoridades indígenas, puede que deje de dispararle a la población que allí habita, lo que es necesario, pero será entonces un refugio como lo ha sido Venezuela, solo que dentro del País, habremos inaugurado un nuevo Caguán y volveremos a tener el monstruo adentro y protegido.

El tercer mensaje derivado del actuar indígena es que nada de lo malo que allí ocurre es responsabilidad de estas comunidades, solo del Estado colombiano. La guerrilla es una reacción a la falta de Estado y las comunidades unas víctimas. En esto tienen razón, porque la falta de inversión lleva a algunos vivir de actividades ilícitas y a otros a la miseria. El Estado ha caído en un juego estúpido que es el de solo responder con balas, pero también la cultura indígena ha dificultado alternativas para que estos territorios sean más productivos.

Las tierras están allí improductivas y los cabildos siguen reclamando más y más como si acumular hectáreas los hiciera más ricos. Habría que sentarse a planificar el territorio, con las autoridades indígenas, pero también con tecnología, con insumos y con un proceso de producción en el que se comprometan a capacitarse y a rentar en la tierra para devolverle a la comunidad en riqueza lo que han recibido en propiedad. Enriquecerse como comunidad no es sentarse a esperar los aportes del Estado, o entonces si son soberanos, ¿porque exigirle al Gobierno que los ayude? Para enriquecerse como colectivo hay que recibir pero también aportarle al Estado, en un contrato social de toma y dame, como cualquier otra colectividad.

Y por último, hay un mensaje todavía más preocupante y es que, para estos pueblos Nasa, las fuerzas armadas institucionales se equiparan en legitimidad a la guerrilla. Si este último mensaje lo relacionamos con el primero, el de la soberanía, queda claro que no se podría actuar en ese territorio porque estaríamos invadiendo un estado soberano. Por este camino le habrían otorgado a la guerrilla estatus de fuerza beligerante en conflicto con las Fuerzas Armadas de Colombia, pero actuando en un territorio extranjero, el Nasa. Ni más ni menos que lo que quisieron hacer Hugo Chávez o Rafael Correa con el conflicto colombiano.

Es necesario que se abra este debate, sin macartismos. No se trata de calificar de derechista, izquierdistas, terrorista, pacifista o cualquier otro “ista” a quienes participemos de la discusión, pero hay que hacerla pronto para que en Colombia y en los territorios habitados por los pueblos Nasa, sepamos cuál Constitución es la que rige: la Colombiana, la Nasa o la de la Selva.

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