¿Triunfará la meritocracia?

Ha sido una dura batalla. Porque no es solo un pulso técnico que ha de expresarse en la calidad de la gestión de entidades de control como la Personería y la Contraloría de Bogotá. Tampoco es solo un incremento en las condiciones éticas para quienes han de ocupar la cabeza de estos órganos. O una discusión jurídica sobre si se acogen o no nuevas disposiciones constitucionales y legales. Es sobre todo un asunto situado en el corazón del régimen político bogotano y colombiano. En teoría, los órganos de control cumplen un lugar estelar en todo sistema democrático. Mientras la Personería ejerce el control disciplinario, actúa como agente del Ministerio Público y promueve el respeto y acatamiento a los derechos humanos; la Contraloría tiene la responsabilidad del control fiscal sobre los recursos públicos. Ambos garantizan el juego de pesos y contrapesos o el equilibrio entre los poderes públicos. Y constituyen así un dique de contención al autoritarismo y el abuso del poder, al punto que algunos han propuesto que estos órganos queden en manos de las fuerzas políticas de oposición. La realidad ha sido otra. Una suerte de maridaje terminó construyéndose entre el concejo y los órganos de control. O un círculo vicioso. El concejo los elige bajo el régimen de los acuerdos políticos de los partidos o de los concejales considerados individualmente. Los contralores y personeros se constituyen en un eslabón que actúan en muchos casos como factor de presión o anuencia frente a la administración y sus funcionarios, según el libreto de los cabildantes. Y a ello habría que agregar la participación burocrática en dos organismos que en el caso de Bogotá significan alrededor de mil funcionarios por cada organismo con un presupuesto entre ambos de más de 200 mil millones anuales. Y ello para no hablar del interés de contratistas en impedir que el control fiscal y disciplinario afecten sus negocios. Eso fue lo que quiso corregir la ley 1551 del 2012 obligando al concurso público de méritos para la elección del Personero y con la incorporación de criterios méritocraticos en la elección del Contralor en el Acto Legislativo 02 o reforma al equilibrio de los poderes del año 2015 que eliminó además el poder nominador de los tribunales para este cargo. En todo el país, las fuerzas políticas tradicionales en la mayoría de los concejos, han pretendido hacerle trampa a estas nuevas disposiciones. Han acudido a todo tipo de entidades de bolsillo para practicar las pruebas méritocraticas y seguir eligiendo a dedo a estos funcionarios. Por esta razón, se abrieron indagaciones disciplinarias en la Procuraduría General a 135 concejos municipales por irregularidades en los concursos para Personeros y Contralores. En Bogotá, el argumento que primó en el Concejo en el trámite de la reforma a su reglamento fue que el Estatuto Orgánico o Decreto/ley 1421 exime a la Capital en la ejecución de unas disposiciones legales, que según los voceros de este argumento, son aplicables a los demás municipios del país. Una especie de extraterritorialidad legal y méritocratica para Bogotá. Y las cinco resoluciones expedidas por la nueva mesa directiva en cabeza de su Presidente Roberto Hinestrosa para convocar la elección de Personero y Contralor, redundan en evadir la meritocracia para dejar todo como se ha hecho tradicionalmente. No contaban estas espureas mayorías del Concejo, ni un sector de Cambio Radical que se frotaba las manos creyendose dueños de los órganos de control de la ciudad eligiendo a dedo sus cabezas, que el Consejo de Estado se pronunciara en tres ocasiones distintas solicitando la meritocracia. La mesa directiva, ante el riesgo de sanciones disciplinarias, prepara dos nuevas resoluciones y el concejo tramita una nueva reforma el reglamento para hacer por fin caso a la ley y al Consejo de Estado. Mientras tanto y hasta que no culmine el proceso de elección de estos cargos en propiedad, los órganos de control estarán en interinidad. Todo indica que en la Capital triunfara la meritocracia. Y ello puede ser un nuevo paso en la transformación del régimen político. En unos nuevos principios que rijan las relaciones entre Concejo, gobierno distrital y órganos de control. Más transparentes y sobre todo, más democráticos.