Un Código para recuperar la confianza

Lun, 27/06/2016 - 03:36
La aprobación del nuevo Código de Policía y Convivencia por parte del Congreso de la República además de brindar nuevas herramientas a la autoridad para combatir del delito, servirá para recuper
La aprobación del nuevo Código de Policía y Convivencia por parte del Congreso de la República además de brindar nuevas herramientas a la autoridad para combatir del delito, servirá para recuperar la confianza de la ciudadanía en la Institución. No podía ser de otra forma, pues la Policía venía operando con un Código con 46 años de antigüedad en el que se imponían multas de 500 pesos, y en el que la autoridad se encontraba, en muchos casos, impedida legalmente para enfrentar la delincuencia. La actualización de las normas era una necesidad imperiosa ya que las conductas delictivas de la actualidad no son las mismas que las de los años setentas. En parte los grandes escándalos de corrupción protagonizados por la Policía se deben a la falta de operatividad que no le daba el Código, lo que hizo que empeorara su imagen y decayera la confianza ciudadana. Uno de los puntos polémicos es el ingreso al inmueble sin orden judicial. La realidad de este artículo es que se aplicará cuando haya grave riesgo para la vida, cuando se haya denunciado abuso de los derechos de los niños, mujeres o adultos mayores. Esta medida servirá, por ejemplo, para evitar casos de violencia intrafamiliar que terminan con la muerte. De la misma forma, se intervendrá en los casos de los vecinos escandalosos, donde se busca defender los derechos de la ciudadanía frente al tema del ruido. En este asunto, la Policía podrá, después de hacer un llamado de atención, imponer multas, pero si es omitido el llamado, finalmente tiene la facultad para quitar la fuente de energía del inmueble donde se está produciendo el ruido. En cuanto a la protesta civil, se sigue respetando este derecho, pero se reglamentó para que la Policía las pueda disolver cuando se considere que hay graves alteraciones al orden público. En materia de comercialización de celulares, se estableció que esta actividad sólo la podrán realizar quienes tengan la autorización expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información, lo cual significa que establecimientos que revendan equipos que hayan sido hurtados, se les podrá imponer el cierre definitivo del establecimiento. Lo anterior para reducir el robo de celulares y las muertes por esta causa. Frente al tema de las mascotas se resolvió que en casos de la tenencia de perros de razas peligrosas, los caninos deberán ir sujetos y provistos de bozal y con el correspondiente permiso. Del mismo modo, no recoger los excrementos de las mascotas cuando ello ocurra en el espacio público, tendrá multas. De la misma forma se contempla el respeto por el espacio público donde la Policía puede tener controles más eficientes con los vendedores ambulantes, bajo el respeto ciudadano. También se destaca el capítulo del medio ambiente en el cual, con artículo de mi autoría, se le da facultad a la Policía para incautar químicos usados en la minería ilegal. Dicha medida es un elemento fundamental en favor del medio ambiente y de la salud de los colombianos. En cuanto a establecimientos públicos, se faculta a la Policía para ingresar a los denominados ‘clubs’ que no tenían el control de la Policía para así evitar el microtráfico, el consumo de sustancias psicoactivas por parte de menores de edad, la prostitución infantil, entre otros delitos. Todas las conductas anteriormente mencionadas que son contravenciones al Código de Policía, así como otras, tendrán multas entre 90 mil pesos y 723 mil pesos. No obstante, según su tipo, podrá haber exoneración por el cumplimiento de una actividad pedagógica. Así mismo, habrá descuento por pronto pago. Para que la ciudadanía conozca a profundidad las nuevas obligaciones y los derechos de la norma, el Código se socializará durante tres meses antes de ser implementado. En conclusión, esta reforma le da herramientas a la Institución para que pueda actuar en los casos en los que amerite la intervención respetando los derechos de los ciudadanos y garantizando la sana convivencia. Por: Santiago Valencia G Representante a la Cámara @sanvalgo
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