Aunque los nostálgicos de las bravuconadas de Uribe se empecinen en creer lo contrario, la verdad es que aquella cacareada seguridad democrática estuvo pegada con babas porque mientras se lograba arrinconar a algunos reductos de la guerrilla, se daba aliento a otros malhechores que han hecho de Colombia su botín.

Fueron ocho años perdidos. Y no lo afirmo con alegría, que no, porque visto el país ahora no se avanzó en nada significativo ni definitivo. Ni siquiera en eso de la seguridad que fue la bandera izada con más enjundia, la más costosa y con la que más sacaron pecho las hordas uribistas de entonces y lo siguen sacando ahora los que quedan de ellas.

Y a pesar de ser el huevito más cacareado (el más cuidado, el más rentable en votos) el de la seguridad, por visible, es el que aparece más resquebrajado. Y como se han vuelto comunes los asaltos y las emboscadas, los secuestros y las extorsiones, los uribistas a ultranza, los convocados a la abortada marcha del desconocimiento de la justicia y del desagravio a Uribito, andan contentos porque proclaman que eso pasa porque se abandonó la doctrina del jefe y la energía del jefe supremo y las ideas del jefe único.

Esa alegría ante el resurgimiento de la criminalidad, que el tristemente célebre José Obdulio expresó sin disimulos cuando atracaron hace unos días al economista y columnista Alejandro Gaviria, es una manera infantil de clavarse el propio cuchillo. Porque si está en apogeo la delincuencia y ha tomado aire la guerrilla se debe, justamente, a que todo aquello era una alharaca fugaz que consiguió amainar algunas candeladas de orden público, pero que alentó algunos incendios como el de las nuevas bandas criminales, el de las bandolas juveniles que azotan a las ciudades, el de los carteles del microtráfico y el de los abusadores de cuello blanco que de todas maneras hacen sonar metrallas.

Porque no se puede decir que el gobierno Santos haya echado para atrás la seguridad democrática. De todas las herencias de Uribe, esa es la que más intacta ha permanecido aunque sea la que más deteriorada está. Ni siquiera la frágil memoria colombiana olvida que Santos procede del Ministerio de Defensa y que bebió de la doctrina uribista y con ella enriqueció su chequera electoral. Y tampoco olvida que el actual ministro de defensa fue un furioso uribista en el último periodo de los ocho años y estuvo a punto de merecer el honor del guiño presidencial, o, por lo menos, lo estuvo esperando muy atento en aquellos largos momentos de la encrucijada del alma.

Otra cosa es que Rodrigo Rivera haya resultado un paquete. Esa es otra cosa. Y que su incapacidad de mando haya producido ruidos de colisión en la cúpula y que el país de la caricatura lo haya vuelto uno de sus personajes predilectos, no significa que el gobierno Santos haya abandonado la bandera de la seguridad.

Significa, por un lado, que los cimientos tendidos para la pacificación uribista eran deleznables porque no estuvieron acompañados de presencia del Estado en la Colombia abandonada, y porque la marginalidad y la miseria son más persistentes que el terrorismo.

Y significa también que con un ministro como Rodrigo Rivera que no transmite certidumbres sino naufragios es muy esquiva la energía que se requiere para enfrentar anímicamente el conflicto. Porque un ministro que es capaz de decir como gran frase que no quiere más celulares ensangrentados, y esa es su respuesta a la ola de crímenes por el robo de esos aparatos, es capaz de decir cualquier cosa. E incapaz de encarar cualquier cosa.