Colombia está pasando por uno de los momentos más difíciles de los últimos cien años.  La infraestructura vial colapsó, varios municipios desaparecieron de la geografía nacional y barrios populares de las grandes ciudades se derriten. Cientos de muertos han quedado sepultados por avalanchas.  Esta vez nadie disparó un solo tiro. El bipartidismo sectario de hace décadas no fue el problema. Nada empezó en Marquetalia.

Fue un capítulo nuevo en nuestra historia. La naturaleza no se limitó a golpear a un municipio, sino que afectó casi todo el territorio nacional. Una nueva faceta, en la cual hemos compartido dolor, impotencia y esperanza. Nada fácil ha sido enfrentar la problemática. El esfuerzo del gobierno Santos por atender a los damnificados merece reconocimiento, y a la población civil no nos queda más que apoyar toda la fuerza del Estado en mitigar el impacto de la ola invernal. Lo anterior, contribuyendo desde nuestras posibilidades con ayudas humanitarias, así como llamando la atención sobre las faltas de ciertos gobernantes locales en la ejecución de las funciones para atender la población vulnerable. La ineficiencia del Estado en algunas regiones es una tragedia que estamos viviendo incluso en medio de la plenitud del sol.

Miles de familias en Colombia siguen habitando cerca de la muerte, en las laderas de enfurecidos ríos, en las sombras de frágiles montañas.

Un ejemplo sencillo es el sector de Santa Bárbara en el municipio de Floridablanca, de 262 mil habitantes, en el departamento de Santander. De manera inexplicable algunas administraciones municipales parecen estar esperando que se desate una tragedia humanitaria para reaccionar. Los 11 heridos de la avalancha en dicha zona, el 20 de Diciembre de 2010, no fueron suficientes para que los gobernantes se comprometieran con alternativas reales de vivienda temporal. Una evacuación mediática se dio en el barrio.  Según registros fotográficos por falta de soluciones estatales, el 7 de enero de 2011, apenas dos semanas después de la avalancha, los damnificados volvieron a sus ranchos y la segunda ola invernal la han vivido apegados al milagro de algún santo, que reemplace la omisión y negligencia de un estado fallido a nivel local.

Hoy, la peligrosa zona de Santa Bárbara no tiene ninguna obra de mitigación en acción, el barrio está más poblado que nunca, y el subsidio de arriendo que les prometieron nunca llegó. La comunidad se ha visto obligada a dormir en medio de la intranquilidad. El miedo al caos atormenta a padres de familia, abuelos, y niños de la zona, que hoy viven en una montaña que hace unos meses “se les vino encima”. (Audio en [email protected])

Si en ese municipio la ineficiencia sobresale, la ciudad de Cartagena no se escapa de los cuestionamientos. A las críticas a la entidad pública ambiental por despilfarrar más de 600 millones, en un inventariado de árboles en plena ola invernal, se suman las denuncias de la personería distrital de la ciudad amurallada. De acuerdo con lo informado por la personera, alrededor de cien mercados que habría entregado el gobierno nacional para los damnificados permanecen en condiciones precarias e inadecuadas. Aunque la secretaria del interior de la Alcaldía aceptó que algunos alimentos como la panela se habrían derretido por las altas temperaturas, asegura que la denuncia carece de fundamento y gran parte de los mercados se encuentran en stock para cuando se necesiten. La personera se mantiene en su tesis e insiste en rechazar las malas condiciones de las bodegas, donde asegura hay “hasta perros”.

El stock de mercados en Cartagena, que presuntamente permite reservas, contrasta con lo visto en albergues de Bucaramanga. El Jueves Santo, después de fuertes lluvias, el caudal del rio Suratá amenazó a varias familias. Parte de la comunidad se concentró en el albergue del barrio popular de Villa Helena. El stock de mercado para las más de 60 personas eran dos huevos, media botella de leche, y unas sobras de comidas anteriores. Varios dormían en plásticos, frente a la incapacidad del municipio de ofrecer colchonetas para todos.

El trabajo dedicado del director de la oficina de Atención y Prevención de Desastres es insuficiente cuando el gasto público es poco austero e ignora lo elemental. Mientras en ese albergue aquel día llevaban más de un mes sin recibir mercados del municipio, y el encargado de atender los damnificados sufría por conseguir colchonetas, la secretaria de gobierno de la capital de Santander adquirió dos semanas antes una camioneta 4×4 por 93 millones para la oficina de Atención y Prevención de Desastres. No está mal la camioneta, si se necesita, lo que es inexplicable es que si tengan recursos para aquel rubro y no para tener los albergues suplidos de mercados, y de colchonetas para que los niños no tengan que dormir a ras de piso. Habría sido más inteligente utilizar algún carro oficial para cumplir dicha función, y antes de cualquier otra inversión, convertir los albergues en lugares que ofrezcan condiciones dignas de vida. El agravante de lo anterior es que según denuncias de medios en Bucaramanga, dicha Alcaldía no ha realizado los trámites correspondientes para acceder a los recursos del programa Colombia humanitaria, afectando sin lugar a dudas la atención a los damnificados.

Esta tragedia que estamos viviendo no es solo una oportunidad para reconstruir el país. En la dificultad se conoce mucho más, este es el momento de evaluar la ineficiencia de nuestros gobernantes y exigirles a los que aspiran al poder una gerencia pública eficiente, responsable y competente.

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