Usuarios en ascuas

Desazón y desconcierto ha causado entre los usuarios de menores ingresos de los servicios públicos de energía eléctrica y gas la noticia sobre la amenaza en ciernes de un reajuste exagerado de la factura por la prestación de los mismos que le puede llegar a partir del mes de enero del año entrante, si no se procede por parte del Congreso de la República con la inmediatez requerida a prorrogar los subsidios al consumo de los cuales son beneficiarios. En efecto, la Ley 142 de 1994, en aplicación de los principios de la solidaridad y la redistribución del ingreso previstos en la Constitución Política de 1991 a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas natural, contempló la subvención a los estratos más bajos de los usuarios de los mismos a través de la modalidad de subsidios cruzados. De esta manera, los estratos altos, el comercio y la industria absorberían el costo de una contribución especial con cuyo producido se sufragaría el valor del subsidio a los estratos bajos. Y así funcionó, hasta que, en respuesta al pedido de los industriales, se les desmontó dicha contribución del 20% en su factura de consumo de energía eléctrica a través de la Ley 1430 de 2010, al tiempo que mediante el Decreto 4956 de 2011 se eliminó la contribución del 8.9% para el consumo industrial de gas natural. Ello con miras a reducir sus costos por concepto del consumo de estos energéticos, en aras de ganar en competitividad de este sector de la economía. De allí que desde enero de 2012 lo que dejaron de pagar las empresas como contribución para cubrir dichos subsidios, lo asumió el Estado a través del Presupuesto General de la Nación. Más recientemente, a través de la Ley 1117 de 2006 se dispuso que la aplicación de los subsidios al costo de la prestación del servicio público domiciliario tanto de la energía eléctrica como de gas combustible a los estaros 1 y 2, “deberá hacerse de tal forma que el incremento tarifario a estos usuarios en relación con sus consumos básicos o de subsistencia corresponda en cada mes como máximo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin embargo, en ningún caso el porcentaje del subsidio será superior al 60% del costo de la prestación del servicio para el estrato 1 y al 50% de este para el estrato 2”. Es decir, que el beneficio es doble, al tiempo que les garantiza los subsidios a estos estratos, ahora asumidos por el Estado, le pone un tope a los incrementos tarifarios para estos estratos, que no puede sobrepasar el IPC. El beneficio contemplado en esta Ley se dio a partir del mes de enero de 2007 hasta diciembre de 2010. Posteriormente fue expedida la Ley 1428 del 29 de diciembre de 2010 extendiendo dicho beneficio hasta el 31 de diciembre de 2014 y, en desarrollo de la misma la CREG expidió la Resolución 186 el 30 de diciembre del mismo año. De no tramitarse por parte del Congreso de la República la ampliación de la vigencia de los subsidios a los estratos 1 y 2 en energía y gas 6.5 millones de usuarios (cerca de 28 millones de habitantes, más del 60% de la población) tendrían que pagar tarifa plena a partir del mes de enero. Ello les significaría incrementos desmesurados en su factura los cuales fluctuarían, según cálculos de ANDESCO entre el 10%  y el 25% para la energía eléctrica y entre el 15% y el 25% para el gas natural. De materializarse este riesgo los usuarios de los estratos 1 y 2 verían diezmados sus ingresos porque les afecta los bolsillos y para muchos de ellos se dificultaría el acceso a estos servicios básicos, al tiempo que las empresas se verían afectadas también por el deterioro de la cartera, el aumento del fraude y la informalidad. La única forma de evitarlo es que el Congreso de la República apruebe la prórroga de los subsidios para los estratos 1 y 2 antes de que se clausuren las actuales sesiones de este primer período de la presente legislatura el 16 de los corrientes. Mientras penda sobre sus cabezas esta espada de Damocles, los usuarios de energía y gas correspondientes a la población más vulnerable permanecerá en ascuas. El Gobierno y los congresistas tienen la palabra! Amylkar Acosta Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos www.amylkaracosta.net