Más allá del show innegable del remedo de detención de Samuel Moreno, vista con lupa tal decisión muestra graves inconsistencias técnicas y estratégicas. Ellas llevan a mostrar cómo se le favoreció por la Fiscalía al acusarlo en el momento menos indicado -justo días antes del sometimiento a la justicia de los capos del cartel Álvaro Dávila, Emilio Tapia, Julio Gómez-, retirándole un cargo tras formularle acusaciones solo por tres punibles, en lugar de adicionar otros y presentar más evidencias sobre los iniciales. Como lo anunciamos, el cartel de la contratación la “saca barata”; todos parecen desbaratarse entre sí, pero en realidad, su estrategia más que perjudicar a los Moreno, no hace otra cosa que beneficiarlos.
Casa Fiscal por “cárcel”: no cinco estrellas sino diez diamantes
Permitir que se le concediera una lujosa casa fiscal que nadie podría llamar “cárcel” en este país, permitida por el juez y escriturada por el Inpec, como la Escuela de Caballería, -donde vive el presidente Uribe y hasta hace poco el director general de la policía- deja claro que Samuel Moreno está mejor que en un hotel cinco estrellas, y da gráfica cuenta de que los Moreno siguen ganando el forcejeo con la justicia, como lo vienen haciendo los Nule, los demás implicados, y particularmente quienes aún no lo están, en el cartel ampliado de la contratación.
Fiscalía llega tarde y los tiempos de la Corte:
Un comparativo histórico de los tiempos de la justicia revela graves contrastes. La Corte Suprema de Justicia –usualmente lenta, véase la interminable parapolitica- mostró su excepcional determinación al vincular penalmente y dictar rápida medida de aseguramiento, meses atrás, contra el senador Iván Moreno Rojas. Por el contrario, la Fiscalía se demoró extrañamente varios meses en inculpar a su hermano, el alcalde Samuel Moreno, sin que hubiera descubierto o al menos usado claves adicionales producidas en su contra, que explicaran tal dilación. Pareciera más que la Fiscalía hubiera acusado al alcalde a “última hora” –en la euforia preelectoral- para evitar usar a fondo contra Samuel Moreno las evidencias que resultarían del inminente proceso de “colaboración y sometimiento a la justicia” por parte de “los paralelos” o capos del cartel de la contratación, Emilio Tapia, Alvaro Dávila y Julio Gómez, quienes, al tiempo que hacerse de la “vista gorda” frente a las recientes acusaciones vertidas ante el Consejo de Estado –en proceso de pérdida de investidura que adelantamos contra Iván Moreno- por el “testigo estrella de la Fiscalía”, Inocencio Meléndez. Los llamados “paralelos” fueron quienes a punta de coimas multimillonarias tomaron como rehenes voluntarios al clan Moreno Rojas, que se rindieron a los brazos de un dinero fácil con el posible propósito de atesorar fondos para una probable campaña presidencial, Samuel Moreno 2014-2018.
Retiro y reducción de cargos:
Adicionalmente, la Fiscalía fue retirando uno de los solo cuatro cargos que habían sido anunciados tres meses atrás, en lugar de aumentar los señalamientos. En efecto, el Fiscal parece no haber tenido en cuenta el testimonio de su propio “testigo estrella”, Inocencio Meléndez, y las imputaciones directas respecto no solo de la cesión del contrato de la 26, o los de malla vial, sino también los relativos a valorización, a otras entidades del distrito entre ellas el Instituto de Renovación Urbana (IRU) al mando de Néstor Eugenio Ramírez y sus inolvidables “lagrimas de cocodrilo”, el fraude en la designación de los diversos directores del IDU durante su administración, los negocios relativos al TransMilenio de la carrera Séptima, o de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), los “torcidos” en la Secretaria de Salud del Distrito, con la posible participación del actual secretario de Hacienda, Néstor Eugenio Ramírez. Y qué decir del Concejo Distrital, pues seguro algunos de los actuales concejales pueden resultar vinculados a la captura de la contratación en la ciudad y ya hay nombres rodando de la “Sami”-coalición de gobierno, muchos de ellos, si no todos, llamados a repetir.
Los olvidos de la Fiscalía, incluido el destape de Inocencio Meléndez “testigo estrella”:
Olvida el Fiscal respecto del “testigo estrella” de la Fiscalía, que Iván y Samuel Moreno son calificados no solo como receptores y solicitantes de coimas, sino también como socios de los capos del cartel de la contratación, Tapias, Dávila, y Gómez, por quienes la Fiscalía debió comenzar para con sus testimonios formular entonces aún más irrefutables cargos contra Samuel y su hermano Iván. Sin embargo, la estrategia de la Fiscalía beneficia a unos y otros, pues claramente hace más difícil usar los testimonios de unos contra otros, para así, en lugar de ir para atrás, hallarse en condiciones de formular nuevos cargos. ¿Qué pasa y por qué ni se mencionan otros posibles responsables del cataclismo contractual, como serían los demás directivos del IDU, los cesionarios de los capos de la contratación malla vial, TransMilenio fase III, y valorización, sus asesores inescrupulosos, ni los directivos de la aseguradora de los Nule que habrían inducido o mantenido en error al propio IDU?.
Tampoco la Fiscalía hace referencia alguna a la relación de los Nule y los Moreno con las autoridades nacionales, con el Inco – Instituto Nacional de Concesiones- donde Meléndez acusa la participación de los Moreno en la exigencia de las estaciones de servicio para Iván Moreno como una prolongación de los proyectos de unos y otros no solo en Bogotá sino en la doble calzada Bogotá-Girardot.
¿Y qué de las relaciones del cartel Nule- Moreno de la contratación durante el gobierno Uribe?
Según Meléndez, los Moreno no fueron “coimeros” sino “capos” o socios de los contratistas. ¿Cómo es posible que entonces sea procesado el alcalde por solo tres delitos, cuando según el mencionado testigo fue una cadena delictiva, materializada durante varios años, en un sinnúmero de contratos, y en la mayoría de las entidades distritales estratégicas? No solo en el IDU, y como acusaba Germán Olano –en declaración que practicamos ante el Consejo de Estado- no solo participaba el contralor Moralesrussi con un 1%, sino también el personero de Bogotá –y exconstituyente indígena-, Francisco Rojas Birry, con otro 1% -quien se halla investigado “exhaustivamente” por la Procuraduría, e incluso por la Fiscalía aun desde antes de su posesión. –Recuérdese que el actual personero Birry fue directivo de la campaña de Samuel Moreno a la alcaldía, es decir es un personero “de bolsillo”, y de “bolsillo grande”. Meléndez vuelve a enrostrarle a Edmundo de Castillo, “el profe”, exasesor jurídico de Uribe su papel de “hombre bisagra” de los Nule y el Gobierno nacional, y la fehaciente participación en la adjudicación del contrato de interventoría de la bienestarina en el ICBF.
El clan Moreno, cartel Nule y otras dudas:
En general, resulta paradójico que entre más se destapa y entre más testigos de cargo aparecen en el cartel –como lo bautizamos, nunca carrusel- de contratación, la Fiscalía apenas si se sostiene e incluso retira cargos que hace meses formulara. Cómo es posible que la Fiscalía no avance a investigar y vincular a miembros del gobierno Uribe que oficiaron a los intereses de los Nule, y dentro del cual llegaron a su apogeo, así como tantos gobernadores, alcaldes y otros funcionarios públicos territoriales que se prestaron para serruchar y saquear a su antojo el erario de los colombianos de bien. Ojalá no pase con el cartel de la contratación lo que ocurrió con el caso de Foncolpuertos –conocido como el mayor caso de corrupción en Colombia, donde 20 años después siguen la investigaciones “exhaustivas” y sanciones “ejemplarizantes”, donde obviamente donde los grandes responsables siguen impunes al frente de los destinos del país, de manera directa o a través de sus lugartenientes.
Con la confortable “detención” de Samuel Moreno,-más allá de demostrar como en Colombia hay presos de primera y de segunda clase- creo que toma más y más fuerza una teoría que he oído personalmente de varios de los implicados en el cartel de la contratación, en diversos diálogos con ellos: hay una estrategia encaminada a entregar y condenar unos pocos responsables representativos del cartel en Bogotá, a fin de evitar que se vinculen los “peces gordos” del carrusel de la contratación a nivel nacional, y por ende a la mega corrupción en el estado central, y del gobierno Uribe en particular.
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