Zonas de reserva y territorios de paz

20 de mayo del 2013

Esta vez la propuesta de las Farc no suena descabellada. / Columna de Antonio Sanguino.

Quizás las Farc tengan razón. El territorio es un asunto nodal en la guerra y la paz colombiana. Su inadecuado tratamiento eterniza el círculo vicioso de nuestras violencias. Porque espacio territorial que no sustituya el poder de actores políticos armados por construcción institucional del Estado, es inmediatamente copado por nuevas estructuras ilegales.

Nuestra historia reciente está llena de ejemplos que confirman esta verdad de perogrullo. El Pacto del Frente Nacional, por allá en los inicios de nuestra violencia reciente, tuvo la virtud de cerrar la cruenta guerra entre liberales y conservadores mediante un acuerdo que no alcanzó para construir un sistema político pluralista, y para garantizar la territorialización del Estado en la “Colombia profunda”. Inmensas zonas, principalmente de colonización, siguieron excluidas de la nación y gobernadas por guerrillas que derivaron hacia la insurgencia armada de izquierda. Lo propio pasó con la paz de los noventa. Los Acuerdos permitieron la transformación de las guerrillas en movimientos políticos y favorecieron la celebración del pacto constituyente de 1991, pero repitieron el error de olvidar la suerte de las regiones dominadas por los grupos desmovilizados. El resultado no pudo ser más desastroso: FARC, ELN y paramilitares terminaron ocupándolos.

Ahora tenemos la oportunidad de la inclusión territorial en un proceso de paz. Las FARC han planteado un airado reclamo en torno a las Zonas de Reserva Campesinas. El ahora ex Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo reaccionó calificando la petición fariana como “una constelación de republiquetas independientes”. Y nos hizo recordar la “Operación Marquetalia”, aquella fracasada ofensiva militar de las Fuerzas Armadas contra las también denominadas “repúblicas independientes”, que no eran otra cosa que zonas de presencia de pequeños grupos de campesinos armados que terminaron transformándose en las FARC.  Pero esta vez la propuesta de la guerrilla no suena descabellada.

Las Zonas de Reserva Campesina tienen estatuto legal. Fueron creadas por la Ley 160 de 1994 como resultado de las movilizaciones campesinas ocurridas en las zonas cocaleras a comienzos de los noventas, para controlar la expansión inadecuada de la frontera agrícola, corregir la inequitativa concentración de la tierra y promover el desarrollo sostenible. Pero pueden convertirse en “zonas” o “territorios de paz” en desarrollo de eventuales acuerdos con las guerrillas. Allí podrían ensayarse experiencias de seguridad ciudadana con participación de los propios exguerrilleros desmovilizados, iniciativas de justicia comunitaria y de resolución pacífica de conflictos, proyectos de desarrollo territorial, de sustitución de cultivos de uso ilícito y de democracia local. Muchas experiencias internacionales de “zonas de paz” pueden ayudar a llenar de contenido esta iniciativa. Y en Colombia, los Programas de Desarrollo y Paz  y otras experiencias locales de “comunidades” y “territorios de paz” son un referente de gran utilidad.

Parece exagerado que las FARC hayan pedido 59 Zonas de Reserva Campesina. A lo mejor se refieren a las 6 zonas existentes y a las 50 que han solicitado reconocimiento ante el INCODER. El número poco importa si las convertimos en el laboratorio del postconflicto. Si no dejamos esos lugares para que nuevos armados los gobiernen.

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