Celebrar los quince años de una adolescente es una tradición que aún sobrevive en Colombia. Es concebido como uno de los días más importantes, en el que se marca el paso de niña a mujer y para esto se hacen grandes festejos, con vestidos pomposos, todo para hacer de este un día inolvidable.
El pasado 16 de mayo, los medios de comunicación dieron a conocer un caso en el que una celebración de estas se convirtió en tragedia, un hecho que indigna y duele en el alma. Sucedió en El Carmen de Viboral, Antioquia, un hombre tocó a la puerta, la expareja de Lina María Quintero, mamá de la menor de edad que cumplía años. De acuerdo con lo que relatan los allegados a la familia, el sujeto de un momento a otro tomó un cuchillo y acabó con la vida de Lina. ¿Lo peor?, el victimario estaba bajo detención domiciliaria por asesinar a otra persona. ¡Esto es inadmisible! ¿qué hacía un hombre con semejante prontuario criminal en su casa? Y peor aún, ¿cómo es que logra burlar a la ley para cometer dicho crimen que acabó con la ilusión de una familia? Esto no tiene presentación, tanto así que la Secretaría de Gobierno de la zona llamó la atención de la Fiscalía General de la Nación para que le diera enfoque y perspectiva de género a este caso.
Lina no es la única víctima en este año. La Fiscalía reportó que entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2021 hubo 37 casos de feminicidios en Colombia lo que, de acuerdo con la entidad, representa un incremento del 8,8% respecto al 2020, es decir, tres víctimas más de este delito que se ha convertido en otra pandemia cruel que no cesa. ONU Mujeres advirtió que cada día, en el mundo, 137 mujeres son asesinadas, pero ahí no para todo, de las 87 mil víctimas del año 2017, más de la mitad murió a mano de sus familiares o parejas íntimas. ¿Qué tiene una persona en la cabeza para perpetuar una acción como estas?
Diferentes investigaciones han tratado de encontrar cuál es ese perfil sicológico de un feminicida, por ejemplo, el estudio Historia Familiar y Características de Personalidad de un Feminicida, realizado en Bolivia, señala que uno de los indicios tiene que ver con la presencia de violencia en sus familias de origen, la cual influye en sus maneras de ver y actuar en el mundo, elevando el riesgo de que en su adultez cometa actos violentos. Sin embargo, Miriam González Juárez, funcionaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, advierte que no hay un perfil criminal esquemático para los feminicidas, pero que sí existen características para identificar a un potencial agresor, entre esas están que, en la mayoría de los casos, al principio son amables, seductores, tienden a ser antisociales y narcisistas, luego intentan tomar el control de su pareja hasta lograr un “proceso de anulación”, es decir, que se haga totalmente dependiente de él hasta llegar a los actos de agresión y, finalmente, provocar la muerte.
En realidad, no hay un sensor para detectar si estamos durmiendo o no con el enemigo, pero sí es claro que, si observamos acciones como las anteriormente mencionadas, es mejor cortar de tajo y pedir ayuda de inmediato para que casos como el de Lina no se repitan.
No obstante, si un agresor como el que acabó con la vida de Lina pudo burlar la ley vale la pena cuestionar si la justicia está siendo contundente con esta clase de asesinos. En Colombia, el crimen contra una mujer por su condición de mujer nació como delito en el 2015, siendo punible con condenas entre los 40 a 50 años de prisión. Sin embargo, el aparato judicial en algunas ocasiones no investiga a fondo las motivaciones del delito por razones de género y, al final, tipifican el caso como homicidio.
También hay obstáculos a la hora de denunciar. Muchas de ellas no lo hacen por temor a recibir represalias o, cuando lo hacen, no hay seguimiento a los reportes. ONU Mujeres, entre el año 2014 y 2017, informó que, de 531 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 188 denunciaron con anterioridad las agresiones que recibían, 14 de estas fueron valoradas con el protocolo de riesgo y 11 registradas por riesgo extremo.
A esto hay que sumarle el ser revictimizadas. Antes de hacer esta columna, tuve la oportunidad de hablar con una mujer (no voy a mencionar su nombre). Hace unos seis años fue víctima de una agresión física por parte de su pareja de ese momento, sumado a constantes episodios de violencia sicológica. Cuando decidió denunciar ante una Comisaría de Familia en Bogotá, no se encontró con el trato que esperaba, pues señaló que el día de la citación la funcionaria que atendió el caso le dio entender que, prácticamente, era merecedora del golpe que había recibido por parte de su esposo. Lo único que le dieron fue una recomendación para hacer terapias de pareja. Indignante, ¿no? Finalmente, ella, con el apoyo de su familia, salió de una relación que ponía en riesgo su vida, pero ¿qué pasa con las que están solas en la ciudad y no tienen este apoyo? ¿Tienen que esperar a que acaben con su vida?
Según un estudio realizado por la Universidad Nacional, el derecho penal presenta falencias para combatir los casos de feminicidio en el país. Es decir, a pesar de que la Ley Rosa Elvira Cely significó un gran avance en el reconocimiento de este delito, los índices de violencia contra la población femenina no disminuyen. Y esto, de acuerdo con Mariluz Basante, autora de la investigación, se da por dos asuntos: Primero, se han enfocado en la construcción de una política criminal basada en el castigo y sanciones punitivas y no en enfrentar un problema estructural. Segundo, hay una dificultad a la hora de enmarcar el delito como feminicidio y, en muchas ocasiones, los casos quedan señalados como un homicidio, a lo cual yo agregaría que estos asesinos ahora están desapareciendo los cuerpos para ser juzgados por desaparición y no por feminicidio, incentivos perversos que permite el sistema judicial.
La agresión contra las mujeres no se puede normalizar y la coyuntura actual del país no nos debe hacer olvidar de esta situación que, como ya lo dije antes, se convirtió en una pandemia. De manera urgente es necesario que la institucionalidad garantice la judicialización efectiva de los implicados en este delito. Por ejemplo, la casa por cárcel no puede ser la condena de una persona que ya tuvo indicios de agresión física hacia la población femenina.
Asimismo, los funcionarios que atienden estos casos deben estar totalmente preparados para no revictimizar a quienes decidan denunciar y así mismo abrir una ruta de atención que garantice su integridad. Es importante que, adicional a las medidas punitivas, se implementen estrategias educativas de prevención que incidan en el respeto a la vida y hacia las mujeres.
Lina Quintero se suma a la lista de las mujeres que perdieron su vida por este cruel delito, pero esto no debe quedar como un caso más. La vacuna contra la pandemia del feminicidio debe ser hallada de inmediato.
Referencias:
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-21612017000200005
