Desde los primeros días de Donald Trump en la presidencia, su principal asesor para asuntos migratorios, Stephen Miller, no ha cejado en su empeño de aprovechar una ley no muy conocida, diseñada con el propósito de proteger a esa nación de las enfermedades del extranjero, para cerrar la frontera.
Su único problema ha sido encontrar la enfermedad adecuada.
Miller abogó por que se le otorgaran al presidente facultades amplias para tomar decisiones sanitarias en 2019, cuando las instalaciones de detención migratoria de seis estados sufrieron un brote de paperas. Volvió a intentarlo ese mismo año cuando se diseminó la gripe en estaciones de la Patrulla Fronteriza.
Cuando aparecieron enormes caravanas de inmigrantes con rumbo a la frontera en 2018, Miller buscó pruebas de que traían consigo alguna infección. Pidió informes de las comunidades estadounidenses que habían recibido inmigrantes para detectar cualquier enfermedad nueva.
También en 2018, decenas de inmigrantes enfermaron de gravedad mientras estaban en custodia de las autoridades federales y dos enfermos menores de 10 años murieron en un intervalo de tres semanas.
A diferencia de muchos, que le atribuyeron los incidentes a la negligencia de las autoridades fronterizas, Miller argumentó que eran fundamento para que el presidente Donald Trump ejerciera sus facultades en el ámbito de la salud pública para justificar el cierre de la frontera.
Algunos secretarios del gabinete y abogados le restaron importancia a la postura de Miller y el presidente (que estaba de acuerdo con esas ideas), pues, en su opinión, la situación de salud pública en ese momento no ofrecía fundamento legal suficiente para proclamar ese tipo de facultades.
Por desgracia, todo cambió con la llegada de la pandemia del coronavirus.
Solo unos días después de confirmado el primer caso en Estados Unidos, la Casa Blanca ordenó el cierre de las fronteras terrestres de Estados Unidos a todo tipo de viaje no esencial y les impidió el acceso a casi todos los inmigrantes, incluso a niños y adolescentes llegados a la frontera sin sus padres y sin un adulto responsable.
Además, se aplicaron otras restricciones a los viajes internacionales y se suspendió el procesamiento de green cards en las oficinas consulares estadounidenses. Esta medida, según les dijo Miller a algunos aliados conservadores en una llamada privada reciente, solo es el primer paso de un plan más amplio para restringir la inmigración legal.
Sin embargo, estas acciones que según la Casa Blanca se tomaron en respuesta urgente a la pandemia del coronavirus, se adaptaron en gran medida de borradores que ya se habían preparado para órdenes ejecutivas y se basan en conversaciones en torno a políticas públicas sostenidas en varias ocasiones desde la toma de posesión de Trump que ahora han adquirido legitimidad, según tres exfuncionarios que participaron en esas conversaciones en el pasado.
Un funcionario indicó que la idea de invocar facultades de emergencia y de otro tipo en relación con la salud pública es solo una opción de entre alrededor de cincuenta incluidas en una lista que Miller propuso en los primeros seis meses del gobierno para reducir la inmigración.
Según el mismo funcionario, Miller hizo esas propuestas después de revisar no solo la legislación actual aplicable a la inmigración, sino todo el código federal, en busca de disposiciones que pudieran permitirle al presidente detener el flujo de inmigrantes a Estados Unidos.
Los funcionarios de este gobierno han dicho en varias ocasiones que las medidas más recientes son necesarias para evitar que ingresen nuevos casos de infección al país.
“En este momento seguimos órdenes de salud pública”, les dijo Mark Morgan, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a varios reporteros a principios de mes. “No se trata de inmigración. La única prioridad en este momento es el tema de enfermedades infecciosas y salud pública”.
La Casa Blanca se negó a hacer comentarios al respecto, pero un funcionario de alto rango en el gobierno confirmó la información sobre las conversaciones sostenidas en el pasado.
Miller, arquitecto del ataque del presidente a la inmigración y uno de los asesores más cercanos de Trump en la Casa Blanca, ha hecho todo lo posible para aplicar restricciones estrictas a la inmigración legal e ilegal, incluidas políticas con el objetivo de separar a las familias que crucen la frontera suroeste, obligar a los inmigrantes que solicitan asilo a esperar en campamentos en terribles condiciones en México y negarles la green card a los inmigrantes pobres.
Miller argumenta que reducir la inmigración protegerá el empleo de los trabajadores estadounidenses y mantendrá a las comunidades a salvo de delincuentes.
Sin embargo, sus críticos lo acusan de concentrar sus medidas en los inmigrantes que no son de raza blanca, basados, en parte, en correos electrónicos previos a su época en la Casa Blanca que se han filtrado y en los que cita sitios web y revistas de blancos nacionalistas y respalda teorías populares entre los grupos blancos nacionalistas.
La idea de que los inmigrantes llevan infecciones al país evoca una percepción racista, arraigada desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, que asocia a las minorías con enfermedades.
La ley federal de salud pública que Miller ha querido aplicar desde hace tanto tiempo les otorga facultades al director general de Salud Pública de Estados Unidos y al presidente para impedir que ciertas personas ingresen a la nación si es necesario evitar un “grave peligro” ante la presencia de una enfermedad contagiosa en países extranjeros.
Para adoptar las restricciones migratorias más recientes, el gobierno no solo se ha basado en esas facultades de salud pública, sino en otra disposición del ámbito federal que le permite al presidente negarles la entrada a extranjeros cuya presencia “resulte nociva para los intereses de Estados Unidos”.
La disposición, consignada en el artículo 212, inciso (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, le confiere facultades amplias al presidente, pero establece requisitos estrictos para que pueda ser aplicable.
El gobierno de Reagan la invocó para impedir que un enorme número de haitianos que llegaron por mar solicitaran asilo en Estados Unidos, y durante la presidencia de Barack Obama se empleó para aplicar sanciones contra Irán.
El gobierno de Trump ha usado esas facultades en algunos casos, como cuando le impuso sanciones a Irán y prohibió el ingreso de viajeros de seis países de mayoría musulmana en 2017, supuestamente para defender al país del terrorismo.
No obstante, el presidente se ha quejado en repetidas ocasiones de que no se le permite aprovechar esas facultades con más frecuencia y en políticas de mayor alcance, como cuando el número de familias de inmigrantes en la frontera sur alcanzó cifras récord.
Al parecer, no le preocupan los estrictos requisitos necesarios para invocarla, pues varias veces se ha referido a esa ley como su “autoridad mágica” para restringir la inmigración, según dijo uno de los exfuncionarios que presenció las conversaciones.
Miller también expresó interés en varias ocasiones en las facultades que otorga el artículo 212(f). En más de una ocasión, según el funcionario, la propuso como opción en caso de que los tribunales bloquearan alguna política, como la regla de carga pública, que evita que quienes han usado fondos públicos obtengan green cards.
Durante el brote de paperas de 2019, después de que los asesores de la Casa Blanca se negaron a aplicar las facultades de salud pública para suspender la inmigración, Miller ordenó que los funcionarios federales de inmigración comenzaran a generar reportes sobre el nivel de infección entre los migrantes detenidos para revisarlos en la Casa Blanca.
Entre tanto, alentó al Departamento de Estado a aumentar el número de exámenes médicos a los inmigrantes y preparó un anuncio presidencial para prohibir la entrada de inmigrantes que no pudieran adquirir un seguro de salud, medida bloqueada por un juez federal.
La pandemia del coronavirus ha hecho viables algunas otras metas de Miller en materia de política pública, como encontrar la manera de deportar con rapidez a los niños que viajan a Estados Unidos sin la compañía de uno de sus padres u otro adulto.
Miller considera que esa categoría de inmigrantes es una de las más difíciles de detener, señaló un funcionario que habló del tema con él, porque los jóvenes cuentan con protecciones legales expresadas en requisitos sustanciales que aseguran el debido proceso legal y están diseñados para garantizar que la deportación no los ponga en peligro.
Desde que se redujo el número de personas autorizadas a cruzar la frontera debido a las restricciones asociadas con el coronavirus, se les ha negado la entrada incluso a los niños y adolescentes no acompañados.
Por: Caitlin Dickerson and Michael D. Shear
