La tarde del 25 de septiembre de 2025, Leyla Monserrat, una adolescente de 15 años, salió de su casa en el ejido El Desierto, en el municipio de General Plutarco Elías Calles, en Sonora, con la idea de encontrarse con unas conocidas. Le habían prometido algo sencillo, casi cotidiano: conocer a un joven. Nada hacía pensar que ese sería el último día de su vida.
Detrás de esa salida había una historia que llevaba tiempo gestándose. Según su familia, Leyla era víctima de bullying constante y de discriminación por su color de piel, en especial por parte de quienes luego serían señaladas como responsables. Las burlas no solo ocurrían cara a cara, también se trasladaban a las redes sociales, donde se compartían comentarios y fotografías para humillarla, incluso un día antes del crimen.
Cuando llegó a la vivienda, todo cambió. Las dos menores, una de 15 años identificada como Britany Michel y otra de 13, la hicieron entrar con el pretexto acordado. Pero dentro de ese lugar no había ninguna reunión, sino una trampa.
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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Leyla fue atada a una silla, vendada de los ojos e inmovilizada. En ese estado de indefensión, fue asesinada mediante asfixia mecánica por estrangulamiento. El ataque, además, fue grabado con un teléfono celular, un detalle que más tarde se convertiría en una prueba clave dentro del proceso judicial.
Intentaron ocultar el crimen
Tras acabar con su vida, las responsables intentaron borrar lo ocurrido. El cuerpo fue enterrado en el patio de la vivienda, utilizando incluso cal para acelerar su descomposición. Mientras tanto, la familia de Leyla iniciaba una búsqueda desesperada sin imaginar la magnitud de lo sucedido.
Días después, tras la denuncia de desaparición, las autoridades lograron ubicar el cuerpo. Las condiciones en las que fue hallado obligaron a que fuera entregado en un féretro sellado, cerrando de manera dolorosa la incertidumbre, pero abriendo una herida mucho más profunda.
El caso volvió a generar indignación en abril de 2026, cuando se conoció el fallo bajo el sistema de justicia para adolescentes en México. Una de las agresoras fue condenada a 2 años y 10 meses de internamiento, mientras que la otra recibió 11 meses de libertad asistida. Además, se estableció una reparación del daño de poco más de 5.000 pesos mexicanos, específicamente 5.677 pesos.
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Para la familia, la decisión fue insuficiente. Los gastos funerarios superaron los 30.000 pesos, y el dolor no encontró respuesta en la justicia. La madre de la joven lo expresó con una pregunta que resonó en todo el país: “¿Dónde queda la justicia para mi hija?”.
La historia de Leyla Monserrat no solo expone un acto de violencia extrema, sino también la persistencia del acoso escolar y la discriminación entre adolescentes. Su caso ha reabierto el debate sobre los límites del sistema penal juvenil y ha impulsado a colectivos y ciudadanos a exigir cambios.
Hoy, su nombre se repite como un llamado urgente. Porque lo que empezó como burlas ignoradas terminó en una tragedia que pudo evitarse. Y porque, para muchos, entender esta historia es el primer paso para que no vuelva a repetirse.
