Entre enero y junio de este año, el gobierno de Estados Unidos ha rechazado más de 106.000 solicitudes de visa hechas por ciudadanos colombianos, según datos oficiales del Departamento de Estado. Esta cifra representa un aumento de más del 2.800 % en comparación con el mismo periodo de 2021, cuando la administración de Joe Biden solo negó unas 3.600 solicitudes.
El aumento de negativas se da en el marco del segundo mandato del presidente Donald Trump, quien ha retomado una política migratoria más estricta. La embajada estadounidense en Bogotá procesó más de 342.000 citas consulares durante los primeros seis meses del año, reflejando una mayor apertura operativa tras las restricciones de la pandemia. Sin embargo, la tasa de aprobación de visas cayó del 83 % en 2021 al 69 % en 2025, una tendencia que ha generado preocupación entre viajeros, empresarios y familias colombianas.
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La drástica alza en los rechazos no solo responde a un cambio en la política migratoria, sino también a una reciente crisis diplomática entre Washington y Bogotá. En enero, el presidente Gustavo Petro se negó a recibir dos vuelos con ciudadanos colombianos deportados desde EE. UU., argumentando que no se estaba garantizando el trato digno de los migrantes. En respuesta, el gobierno de Trump canceló temporalmente la emisión de visas, suspendió citas ya agendadas y amenazó con imponer aranceles del 25 % a productos colombianos, así como sanciones contra funcionarios del gobierno nacional.
Tras varias semanas de tensión, los dos países llegaron a un acuerdo: Colombia aceptó recibir nuevamente los vuelos de deportación y, a cambio, Estados Unidos detuvo la imposición de aranceles y reactivó los servicios consulares. No obstante, las cifras indican que las restricciones migratorias continúan, ahora bajo un nuevo enfoque más riguroso en los procesos de revisión de solicitudes.
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Miles de ciudadanos colombianos se han visto afectados, especialmente quienes planeaban viajes por turismo, estudios o reuniones familiares. Organizaciones defensoras de derechos migratorios han solicitado mayor transparencia en los criterios de negación, mientras expertos advierten que este endurecimiento podría tener efectos negativos en la relación bilateral y en la movilidad internacional de los colombianos.
