La coalición cuatripartita colapsó después de que un informe dijera que algunos funcionarios holandeses, incluidos algunos ministros, funcionarios públicos e incluso jueces, acusaron injustamente a cerca de 10.000 familias de defraudar a la oficina tributaria por beneficios sociales entre 2013 y 2019.
Utilizando las falsas acusaciones de fraude, el Gobierno había exigido el reembolso de decenas de miles de euros, lo que llevó a las familias acusadas a la ruina financiera. El primer ministro Mark Rutte, que ha estado en el cargo desde 2010, se opuso a la disolución de la coalición, diciendo que el país necesita "estabilidad" durante el brote de coronavirus.
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Finalmente, Rutte asumió la responsabilidad política por los fraudes cometidos, en uno de los mayores escándalos políticos y administrativos en su Gobierno a pocos meses de las elecciones legislativas holandesas.
Anteriormente los medios informaron que miles de padres enfrentaron serios problemas financieros después de que el Servicio de Impuestos Internos holandés los calificara erróneamente de estafadores y les exigiera el reembolso de los pagos por el cuidado de bebés.
En algunos casos, se trataba de decenas de miles de euros, y el regreso de esas sumas a las arcas estatales provocó la ruina financiera de muchas familias y hasta el divorcio.
El inicio del escándalo se da en 2014, cuando la Agencia Tributaria empezó a enviar cartas a más de 26.000 familias acusándolas de fraude para obtener ayudas con las que pagaban las guarderías de sus hijos. Las incriminaciones eran hechas sin ningún fundamento y les exigían devolver los miles de euros recibidos en prestaciones.
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A pesar de que las familias enviaban los documentos requeridos para aclarar la situación y no quedar en la ruina, el Gobierno no daba explicaciones a los afectados. Los hogares de origen extranjero, fueron los más perjudicados bajo esta acusación.
La renuncia de toda la camada gubernamental holandesa no es la primera vez que sucede. En 2002, el gabinete dimitió luego de que un informe criticara a los miembros del gobierno y del ejército por no haber evitado la masacre de musulmanes en Srebrenica durante la guerra en Bosnia.
Varios informes concluyeron que los ministros permanecerán en calidad de interinos hasta las elecciones generales para elegir un nuevo parlamento que se celebrará el 17 de marzo.
