El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022 fue aprobado en primer debate y espera su segunda discusión en el Congreso para pasar a sanción presidencial. Previo al segundo debate se conoció que el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS) está a punto de quedar desfinanciado, ya que no se incluyen alternativas para costearlo.
Según advirtió el representante José Daniel López, la sustitución de cultivos quedaría desfinanciada en $347.000 millones porque en el presupuesto de 2022 no se propone fuentes de financiación para compensar los recursos que dejará de percibir el programa, debido al cambio de destino del impuesto al carbono que se decidió en la pasada reforma tributaria.
Antes, el 70% del recaudo del impuesto al carbono iba para la implementación del Acuerdo de Paz. Por a una proposición de última hora que presentaron algunos congresistas del Centro Democrático en la pasada reforma tributaria, se decidió que el 100% del recaudo se destinaría al Fondo Nacional Ambiental. Creándose así un déficit de $347.000 millones para ejecutar los proyectos del PNIS en el año 2022.
"Hago un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda y a los ponentes del proyecto a salvar este Programa. Son 28.560 familias campesinas que, pese a la violencia y la pobreza en sus regiones, le apostaron a la legalidad y a un cambio de vida. ¡No tienen porqué pagar los platos rotos de las diferencias políticas de sus gobernantes!", afirmó López.
La meta del PNIS es beneficiar a 80.000 familias campesinas. Con los recursos que dejarán de recibir en el 2022, se había proyectado atender al 41% de familias que hacen falta por proyectos productivos de ciclo largo y asistencia técnica integral; ubicadas en Cauca, Córdoba, Nariño y Norte de Santander, departamentos donde la pobreza supera el 50% de la población.
"De no contar con los recursos proyectados para el próximo año, la ruta de intervención del PNIS para el 2022 se extendería hasta el 2024 y las familias se quedarían sin atención justo cuando más lo necesitan por los agravantes de la pandemia. ¡No lo podemos permitir, se trata de las familias más pobres del país!", concluyó el representante.
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En este nuevo debate vuelve a ponerse en tela de juicio el compromiso del Gobierno de Iván Duque con el Acuerdo de Paz, ya que sumado a que no se incluyó alternativa alguna para financiar la sustitución de cultivos, tampoco se agregó una solución a la financiación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Cabe recordar que, en el artículo 34 de la llamada 'Ley de inversión social' la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, añadió un parágrafo que elimina la obligación de que las obras por impuestos sean únicamente ejecutadas en los municipios PDET.
Dicho artículo establece que el dinero de este impuesto "También será aplicable a proyectos declarados de importancia nacional que resulten estratégicos para la reactivación económica y/o social de la Nación, así no se encuentren en las jurisdicciones señaladas".
Lo anterior seguramente va a resentir los recursos destinados a los PDET, programas que fueron creados por el Acuerdo de Paz y que constituyen una herramienta de planificación y gestión a 15 años, que tienen como objetivo principal la estabilización y la transformación de los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad del Estado.
