El archivo de la reforma tributaria de 2025 dejó claro que el próximo gobierno llegará a la Casa de Nariño con menos margen de maniobra. La iniciativa buscaba recaudar cerca de 16 billones de pesos para cerrar el faltante del Presupuesto General de la Nación 2026 y darle algo de aire a las finanzas públicas. Sin esa ley, el gasto aprobado por el Congreso (unos 546,9 billones) no está totalmente respaldado por ingresos garantizados.
Lo más probable es que el nuevo gobierno se vea obligado a recortar el presupuesto hasta un nivel cercano a 530 billones de pesos, siguiendo el mismo patrón de ajustes que ya se aplicó para el presupuesto de 2025. En la práctica, esto significa menos recursos para inversión pública, retrasos en proyectos de infraestructura y menos espacio para nuevas políticas sociales, justo en el arranque del próximo cuatrienio.
Déficit alto, deuda en ascenso
La reforma archivada también tenía un objetivo de más largo plazo: ayudar a contener el déficit fiscal y estabilizar la deuda pública. Con los nuevos ingresos, el Gobierno proyectaba reducir gradualmente el déficit a partir de 2026 y evitar que la deuda siguiera alejándose de las metas de la regla fiscal. Sin esos recursos, las cuentas no cierran igual.
Proyecciones de centros de estudio advierten que el déficit de 2026 podría mantenerse alrededor de 7 % del PIB, con un déficit primario cercano al 3 % del PIB. La deuda neta ya ronda el 60 % del PIB y podría seguir subiendo. Este escenario presiona la calificación crediticia del país y encarece el costo del endeudamiento, lo que a su vez limita más el dinero disponible para otros gastos.
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Una reforma inevitable para el próximo gobierno
Con este panorama, la mayoría de expertos coincide en que el próximo presidente tendrá que impulsar una nueva reforma tributaria. Se habla de un ajuste cercano a 1 % del PIB en recaudo adicional, enfocado en ampliar la base de contribuyentes y revisar exenciones, más que en subir de nuevo las tarifas a quienes ya pagan.
El problema no es solo técnico, sino político. El archivo de dos reformas seguidas en este gobierno mostró un Congreso reacio a aprobar más impuestos en un ambiente preelectoral. Quien llegue en 2026 tendrá que construir un acuerdo fiscal amplio con partidos y sectores económicos si quiere una reforma sostenible. De lo contrario, el país seguirá moviéndose entre recortes de gasto, más deuda y mayor desconfianza de los mercados frente a la capacidad del Estado para ordenar sus finanzas.
