El profesor Juan Carlos Portilla, experto en anticrimen financiero, anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Verónica Alcocer, exesposa del presidente Gustavo Petro, por presunto uso irregular de recursos públicos.
Según explicó en entrevista con Semana, la denuncia busca que se investigue si Alcocer autorizó o recibió pagos por servicios de “cuidado de imagen” y asesorías que, de acuerdo con su versión, superarían los mil millones de pesos.
- Le puede interesar: Concejal “Fuchi” suspendido 14 meses por insultar a policías
Pagos y contratos bajo sospecha
De acuerdo con Portilla, los hechos denunciados estarían relacionados con recursos estatales o fondos destinados a otros fines, presuntamente empleados para cubrir actividades ligadas al rol protocolario que Alcocer mantenía como acompañante del Gobierno.
El académico señaló que “habría intervención de terceros proveedores o sociedades interpuestas que emitieron contratos y facturas para justificar desembolsos”, con lo que, según él, se habría beneficiado económicamente la denunciada o su entorno cercano.
Hasta el momento, ni la Fiscalía ni Verónica Alcocer han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, y no se conoce si el ente acusador ha admitido la denuncia para trámite.
El vacío legal del cargo de primera dama
La situación reaviva el debate sobre la naturaleza jurídica del rol de “primera dama” en Colombia, una figura que carece de regulación legal.
Aunque el presidente Petro confirmó hace poco su separación física de Alcocer, ella ha mantenido una agenda de actividades institucionales y diplomáticas, lo que ha generado discusiones sobre los límites y responsabilidades de ese papel no oficial.
Contexto político y controversia pública
La denuncia se conoce en medio de un escenario político sensible para el Gobierno. Hace unas semanas, los nombres de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista Clinton, lo que ha intensificado el escrutinio sobre el círculo presidencial.
En respuesta, el mandatario afirmó que su relación con Alcocer terminó hace años, pero que el vínculo legal continúa.
“El lazo físico está roto, pero el vínculo legal sigue. Ni un solo peso público ha salido para ella desde que estamos separados”, dijo Petro en declaraciones recientes
Lo que podría seguir
Si la Fiscalía decide dar trámite a la denuncia, deberá determinar si existen elementos para abrir una investigación formal por delitos como peculado o estafa en favor de terceros.
Portilla también pidió que el proceso incluya a los funcionarios que pudieron facilitar o avalar los contratos relacionados con la gestión de Alcocer.
Mientras tanto, el debate sobre la falta de regulación del rol de la primera dama continúa abierto, evidenciando un vacío institucional que permite la coexistencia entre el protocolo y la indefinición jurídica
