En entrevista con Kienyke.com, José Daniel López, representante a la Cámara durante el periodo 2018 – 2022 por la ciudad de Bogotá, habló sobre la reciente decisión de la Corte Constitucional de derogar las modificaciones hechas a la Ley de Garantías.
López, quien fue uno de los principales opositores a esta modificación, sostuvo que él junto a David Luna hicieron parte del grupo de demandantes contra esta Ley. Aseguró, además, que celebra la decisión de la Corte, la cual les da la razón al considerar como inconstitucional esta reforma ilegal a la Ley de Garantías.
- Le puede interesar: Corte Constitucional tumbó modificación a Ley de Garantías
- Además: Rodolfo Hernández arremete contra Gustavo Petro y 'Fico' Gutiérrez
"Junto a David Luna somos demandantes de la reforma a la Ley de Garantías. Ayer la Corte Constitucional nos dio la razón y decidió derogar, por inconstitucional en flagrancia, esta reforma tardía, lamentable e ilegal a la Ley". Adicionalmente, señaló el servidor, "por supuesto, como demandantes celebramos la decisión de la Corte, pero lamentamos que parte del daño ya esté hecho y sea irreparable".
Sin embargo, el representante señaló que la Corte ha ordenado suspender los contratos en ejecución y devolver los recursos que no hayan sido empleados, lo que permite recobrar una gran cantidad de dinero público. No obstante, resalta que el alto tribunal permitió dar continuidad a obras relacionadas con educación, salud y vivienda con el ánimo de preservar los derechos fundamentales.
“La Corte ha exceptuado obras en el sector de la salud, vivienda, educación y saneamientos básico, seguramente con lógica de Derechos Humanos fundamentales. Aunque también es verdad que entre enero hasta ahora hubo una feria de recursos públicos en tiempos electorales que son sujeto de riesgo de corrupción”.
Aun cuando la Corte actuó lo más rápido que puso, López reiteró que es lamentable que el gobierno y las mayorías del Congreso hayan hecho parte de un daño irremediable para la ciudadanía colombiana.
Modificación a Ley de Garantías
Tal como lo señala José Daniel López, la modificación a la Ley de Garantías se dio, bajo el argumento, de que los recursos de inversión del gobierno nacional debían moverse dentro del periodo electoral para permitir una reactivación económica sin trabas.
Sin embargo, para lograr esto había que reformar la Ley de Garantías mediante un trámite especial que consiste en llevarlo ante la Comisión primera y continuo a ello a plenaria, para así cuando fuera aprobado por el Congreso pasaría a revisión previa por parte de la Corte Constitucional.
No obstante, afirma López que “esto implicaba un problema práctico, porque debían esperar hasta el visto bueno de la Corte, lo que implicaba un lapso de tiempo mayor y el tiempo no se los permitía porque la necesitaba para el periodo electoral. Entonces deciden tomar un atajo inconstitucional, que fue el de meter un artículo dentro de la Ley de Presupuesto de la nación”.
“Con ello lograron que la Ley quedará suspendida desde el mes de diciembre, con lo que se pudo contratar de forma normal desde el mes de enero. Sin embargo, luego de un tiempo, la Corte señaló que hubo un vicio de trámite, que la corte señala como flagrante inconstitucionalidad, y además sostiene que no hay unidad de materia. Es decir, que nada tiene que ver la Ley de Garantías con la Ley de Presupuesto”, comentó López.
En razón de ello, el representante indicó frente al argumento de Iván Duque que “no hay peor reactivación económica que aquella que se basa en la inseguridad jurídica que causó el gobierno y las mayorías legislativas”.
Fallo de la Corte Constitucional
El representante José Daniel López detalló que el fallo final emitido por la Corte Constitucional sobre la negativa a la modificación de la Ley de Garantías debe ser comprendido muy bien, por lo cual se debe calcular el alcance del comunicado de la alta corte.
En este sentido, dijo, “en primer lugar, no se pueden firmar nuevos convenios de aquí a que termine la elección presidencial; segundo, que lo que ya se ejecutó se debe respetar y se deja como bien, con lo que no procede ninguna novedad. Pero, dice la Corte Constitucional, que lo que no ha terminado de ejecutarse debe suspenderse, es decir, se debe finalizar la construcción de obras y desembolsos de inmediato, y proceder con su liquidación, a excepción de los proyectos motivados para resolver un derecho insatisfecho”.
Aunado a ello, manifestó que “esto va a ocasionar una situación muy problemática en lo jurídico, obras que corren el riesgo de quedar inconclusas en la medida en la que se giraron recursos amparados en una norma que fue sacada de manera errónea”.
En este sentido, adujo el congresista que el gobierno, en cabeza de Iván Duque, debe velar, luego de finalizadas las elecciones, porque todas aquellas obras que quedaron inconclusas puedan ser ejecutadas en su totalidad. Con lo cual, el gobierno asumirá las consecuencias de un error constantemente anunciado.
