El Gobierno del presidente Gustavo Petro deberá responder en los próximos días ante el Congreso por la polémica generada alrededor de la presunta infiltración de información de inteligencia a la narcodisidencia liderada por alias 'Calarcá Córdoba'. La plenaria del Senado aprobó este martes, con 45 votos a favor y 10 en contra, un debate de control político para que altos funcionarios del Ejecutivo expliquen las relaciones reveladas por Noticias Caracol en un informe publicado el pasado domingo.
A la sesión fueron citados el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez. Los tres deberán entregar detalles sobre los supuestos contactos entre mandos estatales y esta organización armada, así como las eventuales consecuencias para la seguridad nacional. De acuerdo con los informes conocidos, en el caso estarían implicados el general Juan Miguel Huertas, actual jefe de Comando de Personal del Ejército, y Wilmar de Jesús Mejía, director de Inteligencia de la DNI.
Durante el consejo de ministros de este martes, Petro se refirió nuevamente al episodio y ordenó un examen forense de los chats divulgados, en los que aparecerían pruebas directas de la presunta infiltración. “De acuerdo a eso, tomaremos decisiones, no antes”, afirmó el mandatario, insistiendo en que sus determinaciones deben estar guiadas exclusivamente por la verdad.
Más temprano, el presidente había salido en defensa tanto de Huertas como de Mejía, y sugirió que los informes revelados podrían haber sido producto de una filtración de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), poniendo en entredicho la veracidad de la información divulgada.
El primer pronunciamiento del jefe de Estado ocurrió el lunes, casi un día después de que surgiera el escándalo. En redes sociales, Petro aseguró que los reportes tenían un origen que, según él, ha influido en ocasiones anteriores en la opinión pública colombiana. “Siempre tienen la misma fuente de un periodista que consideraba muy serio. La fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo a los intereses del gobierno de su país en todo el mundo”, escribió.
En el Congreso, la oposición ha intensificado la presión para que se esclarezcan los hechos. El debate de control fue impulsado principalmente por el Centro Democrático, que ha cuestionado la rapidez y el manejo de la crisis por parte del Gobierno. A la par, varias voces han pedido que Estados Unidos participe en la verificación de la información.
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Las senadoras María Fernanda Cabal y Lina María Garrido enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, solicitando la intervención de Washington para investigar las presuntas filtraciones e, incluso, pidieron que se considere incluir en la lista Clinton a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, lo que marca un aumento en la tensión política alrededor del caso.
Mientras avanzan las citaciones, el país se prepara para un debate que podría abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre el Gobierno, las agencias de inteligencia y la comunidad internacional.
