El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó ante el Senado de la República un nuevo proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia, así como la exploración y producción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.
La propuesta fue presentada el martes 21 de julio de 2026 por los ministerios de Ambiente y de Minas y Energía, con el respaldo de congresistas del Pacto Histórico. El documento está firmado por la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez; el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma; y las senadoras Esmeralda Hernández y Carolina Corcho.
El articulado plantea prohibir en todo el territorio nacional la exploración y explotación de los llamados yacimientos no convencionales, al igual que la utilización del fracturamiento hidráulico multietapa en secciones horizontales, conocido como fracking.
Sobre este tema, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, afirmó que su bancada insiste en presentar el proyecto ante la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de habilitar esta práctica en el país. Según Hernández, la iniciativa del próximo Gobierno representaría un riesgo para los ecosistemas, los páramos y las fuentes hídricas, además de constituir "una masacre contra la fauna y la diversidad".
Un nuevo intento en el Congreso
Esta no es la primera vez que una iniciativa para prohibir el fracking llega al Legislativo. Durante los últimos años se han presentado seis proyectos similares, pero terminaron archivados al no completar los debates requeridos dentro de los tiempos establecidos.
Una de las propuestas más recientes fue radicada en la Cámara de Representantes en julio de 2025. El proyecto también pretendía prohibir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, pero su estado actual figura como archivado en los registros de esa corporación.
La nueva iniciativa inicia ahora su trámite legislativo. Al tratarse de un proyecto de ley ordinaria, deberá superar los debates correspondientes en las comisiones y plenarias del Senado y de la Cámara antes de poder convertirse en ley.
El fracking vuelve al centro del debate
La radicación ocurre a pocos días del cambio de Gobierno y abre un nuevo pulso político alrededor de la política energética del país. Mientras la administración Petro busca dejar establecida una prohibición definitiva, sectores del Gobierno entrante han planteado la posibilidad de evaluar proyectos de “fracking responsable”, bajo controles técnicos y ambientales.
El futuro de la propuesta dependerá de los apoyos que consiga en un Congreso fragmentado, en el que ninguna fuerza política cuenta por sí sola con las mayorías necesarias para aprobar sus iniciativas. La radicación representa apenas el primer paso de un debate que deberá abordar la protección ambiental, la transición energética y las necesidades de abastecimiento de petróleo y gas del país.
