Este jueves, la Cámara de Diputados retomará el proceso para determinar si inicia el juicio político contra la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Esta información se divulgó después de que la justicia local autorizara la divulgación de una grabación en la que la mandataria le informaba a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, que le había enviado el documento que lo acreditaba como nuevo Ministro de la Casa Civil y le dice que es para que lo use en caso de ser necesario. No obstante, este jueves, tras el acto de posesión, un juez anuló el nombramiento.
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En medio de la crisis política que vive el país por los escándalos de corrupción que se han divulgado en los últimos meses y la grave situación económica, la permanencia de la Presidenta en el Palacio de la Alvorada está cada vez más difícil.
La decisión de Rousseff de nombrar en su gabinete a Lula da Silva, incluyendo en ésta la grabación que salió a la luz pública, fue tomada por la oposición como una maniobra para evitar que el ex mandatario pudiera ser detenido por el proceso que avanza en su contra por su presunto vínculo con el caso de corrupción de Petrobras.
El juez Sergio Moro, quien lleva el caso contra Lula y otros políticos y empresarios relacionados con la compañía petrolera, y la Fiscalía de Sao Paulo ya habían emitido un pedido de arresto contra el hombre nacido en el estado de Pernambuco. Fue el mismo togado quien permitió la divulgación de la grabación que se difundió el miércoles.
Tras conocer el contenido de la conversación telefónica entre Rousseff y su antecesor, miles de brasileños salieron a las calles a protestar por el nombramiento. Frente al palacio presidencial y la residencia de Luiz Inácio se registraron las principales concentraciones.
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La Presidenta aseguró que la divulgación de su llamada constituye una violación a la Constitución de Brasil, por lo que anunció que tomará todas las medidas judiciales y administrativas necesarias para su reparación.
Lula da Silva, quien fue juramentado el jueves en la mañana como Ministro de la Casa Civil, cargo comparable con el Ministerio de la Presidencia en Colombia, se blindaba con ese fuero contra los procesos que la justicia ordinaria lleva en su contra por lo que éstos debían pasar a ser adelantados por el Supremo Tribunal Federal, lo que demoraría este caso.
Sin embargo, el magistrado Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, anuló el acto de posesión de forma cautelar, por lo que el ex mandatario seguirá en manos del juez Moro.
