Paloma Valencia pidió a la Corte Suprema gestionar pruebas que “exonerarían” a Uribe

Jue, 31/07/2025 - 10:18
La senadora aseguró que las comunicaciones entre Cepeda y Monsalve cambiarían el rumbo del proceso en contra del expresidente Uribe.
Créditos:
Senado de la República.

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia envió un documento al presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque, en donde le solicita a ese tribunal adelantar las gestiones correspondientes en materia de colaboración judicial ante Google y WhatsApp, con el fin de obtener las comunicaciones entre el senador Iván Cepeda y Juan Guillermo Monsalve.

En la solicitud, la congresista señaló que en dichas comunicaciones se encontraría información que podría comprometer la “validez” de la acusación y “exonerar de plano” al expresidente Uribe. A su juicio, hubo información borrada.

Me permito muy respetuosamente solicitar que la Honorable Corte Suprema de Justicia considere pedir una comisión rogatoria a los proveedores de servicios WhatsApp LLC y Google Inc., en sus oficinas de Estados Unidos, para que aporten cuantos datos obren en su poder respecto de las comunicaciones entre los usuarios Iván Cepeda Castro y Juan Guillermo Monsalve Pineda", se puede leer en el documento.

La senadora Valencia invocó un antecedente judicial ocurrido en España, donde el fiscal Álvaro García Ortiz fue encausado por unas conversaciones que fueron borradas, ante lo cual el magistrado instructor solicitó a Google y WhatsApp toda la información intercambiada por García con otras personas, la cual fue allegada desde Estados Unidos en un archivo ZIP.

Creado Por
Sandra Vargas
Más KienyKe
Decreto fija plazos para mover ahorros de afiliados que se cambiaron al sistema público. La medida genera críticas por posibles choques con la ley.
En el marco del Día Mundial del Libro, conozca algunas de la voces más representativas de la literatura colombiana contemporánea.
La UNP aseguró que Angie Rodríguez tiene un esquema robusto, pese a que la funcionaria denuncia amenazas, espionaje y una red de poder en el Gobierno.
La sustancia pasa de la categoría I a la III, lo que abre la puerta a más investigación médica, aunque el uso recreativo sigue prohibido a nivel federal.