El presidente Gustavo Petro ordenó el retiro inmediato de los funcionarios de la Cancillería colombiana que habrían estado involucrados en la organización de una fiesta vallenata realizada el pasado 11 de diciembre en Managua, Nicaragua, luego de que se conociera que al evento asistió Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y actualmente prófugo de la justicia.
El pronunciamiento del mandatario se dio a través de su cuenta oficial en la red social X, tras la difusión de varios videos en los que se observa a González participando en la parranda, realizada en el Teatro Rubén Darío y promocionada inicialmente como un evento respaldado por la Cancillería colombiana. Las imágenes generaron una fuerte polémica, debido a que González es señalado por las autoridades como uno de los principales responsables del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En su mensaje, Petro aclaró además la situación diplomática de Colombia en Nicaragua y negó que actualmente exista un embajador en ese país. “Nosotros no tenemos embajador en Nicaragua. Nicaragua no dio beneplácito a la sanandresana Vilma Jay”, escribió el jefe de Estado, en referencia a la periodista postulada para ocupar ese cargo. En el mismo trino, el presidente fue enfático al señalar que “los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos”.
El escándalo se produce en medio de versiones encontradas sobre la organización y financiación del evento. De acuerdo con la Cancillería, Óscar Muñoz, encargado de negocios de la embajada de Colombia en Nicaragua, habría solicitado recursos públicos para la realización de la parranda, petición que fue rechazada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, pese a la negativa oficial, el evento se llevó a cabo.
Muñoz aparece en los videos difundidos en redes sociales bailando junto a Carlos Ramón González, lo que incrementó la controversia y la gravedad del caso. Además, el funcionario ya se encontraba bajo investigación por haber gestionado la renovación de la residencia del exdirector de la DNI en Nicaragua, situación que ahora se suma a una nueva investigación disciplinaria anunciada por la Cancillería.
La presencia de González en un acto de este tipo, en un escenario promovido por canales oficiales, generó cuestionamientos sobre posibles fallas en los controles internos del servicio exterior colombiano y sobre el manejo de la política diplomática en ese país. Para el Gobierno, el hecho de que un prófugo de la justicia participara en un evento asociado a la representación del Estado colombiano resulta especialmente grave.
Ante este panorama, el presidente Petro reiteró su orden de retirar de manera inmediata a los funcionarios que habrían tenido responsabilidad en la organización de la actividad. La Cancillería, por su parte, deberá avanzar en las investigaciones disciplinarias correspondientes para establecer responsabilidades administrativas y esclarecer si se incurrió en irregularidades en el uso o intento de uso de recursos públicos.
El caso sigue generando reacciones políticas y pone nuevamente en el centro del debate la situación de Carlos Ramón González, su permanencia en Nicaragua y los vínculos que habría mantenido con funcionarios del servicio diplomático colombiano, mientras continúa siendo requerido por las autoridades judiciales del país.
