
El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones que dio la precandidata presidencial Vicky Dávila en Sabaneta Antioquia, donde le pidió a la fuerza pública que no acate una directiva del primer mandatario de articular operaciones con las Fuerzas Armadas de Venezuela para combatir grupos armados y narcotráfico.
Durante la instalación de la primera piedra de la Facultad de Inteligencia Artificial en Zipaquirá, Petro pidió que el equipo jurídico del Gobierno radique denuncias por sedición contra quienes inciten a la desobediencia de órdenes del jefe del Estado, al considerar que esa conducta “estaría en contra de la Carta Magna”.
Además, el presidente aclaró el sentido de su frase en Nueva York sobre la obediencia de tropas y la humanidad.
La figura penal de sedición, contemplada en el Código Penal, castiga conductas que, mediante el uso de las armas, pretendan impedir transitoriamente el normal funcionamiento del régimen constitucional; por eso el Gobierno invocó esa norma ante un llamado público que apunta a la fuerza pública.
La polémica promete volverse un eje de la campaña: Dávila ha salido a desafiar la posibilidad de acciones judiciales y a defender que su llamado fue a “obedecer la Constitución”, mientras el presidente y su equipo insisten en que instigar a la tropa a desobedecer al mando civil constituye un delito que debe ser investigado.
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La disputa político-judicial se suma a un clima ya polarizado y podría derivar en procesos que definan límites entre protesta política y conductas susceptibles de sanción penal.