La Registraduría reveló que existen 91 comités ciudadanos inscritos para promover candidaturas presidenciales por firmas, una cifra inédita en la historia electoral reciente, sino porque varios aspirantes aseguran haber superado el millón de apoyos, un umbral que se ha vuelto referencia política más que requisito jurídico.
En ese contexto, las firmas no eligen presidente, pero sí ordenan el tablero: muestran quién tiene organización real en territorio y quién se queda en el plano del anuncio.
El mínimo legal y el umbral político
Por norma, cada grupo significativo de ciudadanos debe entregar al menos 635.216 firmas válidas antes del 17 de diciembre de 2025, equivalente al 3 % de los votos válidos de la primera vuelta presidencial de 2022. La Registraduría tendrá luego hasta el 21 de enero de 2026 para revisarlas y certificar qué campañas superan el filtro.
En la práctica, campañas y analistas dan por hecho que una parte importante de las firmas será anulada por errores en los datos, duplicidades o apoyos de personas no habilitadas para votar (por ejemplo militares). Por eso, la recomendación general es apuntar al menos al millón de rúbricas, para tener un margen cómodo frente a la depuración.
También es la primera vez que casi un centenar de precandidatos intenta llegar a la Presidencia por firmas. Eso combina, por un lado, desconfianza hacia los partidos tradicionales y, por otro, los incentivos del propio sistema: recoger firmas permite hacer campaña, ganar visibilidad, construir bases de datos y negociar alianzas, incluso si al final el aspirante termina con el aval de un partido o participando en una consulta.
El “club del millón”: quiénes ya se diferencian
Dentro de los 91 comités empieza a perfilarse un grupo reducido de aspirantes que aseguran haber pasado el millón de firmas. No todos tienen el mismo peso político, pero comparten tres rasgos: estructura territorial, financiación suficiente y un relato más o menos claro sobre quiénes son y a quién le hablan.
Entre ellos se encuentra David Luna, quien, con el movimiento “Sí hay un camino”, informó que recogió 1.044.970 firmas. Exsenador y exministro TIC, ha intentado ubicarse como una opción de renovación moderada y anticorrupción en la franja opositora al gobierno.
También se ubican allí Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, con el comité “Avanza Colombia”, y Mauricio Lizcano, exministro TIC, con “Firme con Lizcano”. Ambos se presentan con un discurso de gestión técnica, estabilidad económica y crítica al rumbo actual del gobierno, dirigido a un electorado de centro y centro-derecha que busca cambio, pero sin saltos bruscos.
En el campo regionalista aparece Aníbal Gaviria, hoy candidato de la coalición Fuerza de las Regiones, cuyo entorno político sostiene que ya superó el millón de firmas apoyado por una red de exgobernadores y exalcaldes. Su mensaje se centra en trasladar poder y recursos a los territorios frente a un nivel nacional percibido como distante.
Por fuera de las trayectorias más tradicionales se ubica el empresario antioqueño Santiago Botero, quien habría entregado alrededor de 1,2 millones de firmas y se presenta como outsider, crítico tanto del uribismo como del petrismo, con énfasis en gestión privada y discurso anti-establecimiento.
En la misma lógica de liderazgo regional está Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre, que se apartó de Fuerza de las Regiones y lanzó una aspiración propia. Su campaña reportó 1,7 millones de firmas, cifra que lo respalda como un actor fuerte en la costa Caribe y como vocero de una agenda de descentralización.
Finalmente, en el sector más duro de la oposición figura Abelardo de la Espriella, abogado y figura mediática de derecha, respaldado por Salvación Nacional. Su equipo asegura haber recopilado entre 2,8 y más de 4 millones de firmas. Más allá de la cifra exacta, el mensaje es el de una candidatura con fuerte anclaje conservador y claramente anti-Petro.
En todos estos casos, el volumen declarado de firmas no garantiza votos, pero sí indica algo relevante: hay máquinas de recolección operando, presencia territorial y capacidad para financiar equipos que salgan a buscar apoyos casa a casa. Eso ya los diferencia de otros comités que permanecen, por ahora, en un plano más simbólico que organizativo.
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Qué revela esta ola de firmas sobre el momento político
Esta dinámica deja varias pistas.
Primero, la política por firmas se convirtió en una marca propia. Varios precandidatos subrayan que “no dependen de partidos”, aunque en muchos casos están acompañados por estructuras y liderazgos tradicionales. La firma opera como símbolo de independencia en un contexto de desconfianza hacia las siglas, incluso cuando detrás haya equipos y prácticas conocidas. Desde la literatura sobre partidos se ha descrito algo similar como “despartidización aparente”: se cambia el empaque, pero persiste buena parte del viejo andamiaje.
Segundo, la fragmentación de la oposición al gobierno es evidente. Luna, Cárdenas, Lizcano, Gaviria, Botero, Olimpo y De la Espriella compiten, con matices, por franjas similares del electorado: centro, centro-derecha y derecha. El alto número de aspirantes refuerza una oferta muy dispersa que, si no desemboca en consultas o acuerdos, puede diluir la capacidad de ese bloque para disputar la primera vuelta en condiciones de fuerza.
Tercero, el “millón de firmas” funciona como credencial de negociación. Quien llegue al 17 de diciembre con un número robusto estará mejor posicionado para exigir reglas favorables en consultas de marzo, lugares en listas al Congreso o eventuales acuerdos de unidad. Quien se quede corto, aunque formalmente haya inscrito comité, tendrá menos peso para sentarse en esas mesas.
Finalmente, la expansión de este mecanismo confirma algo que la academia ha señalado en otros países: cuando las candidaturas por firmas se consolidan, la recolección deja de ser solo un requisito burocrático y se convierte en una verdadera precampaña. Es un periodo en el que se prueba capacidad organizativa, se mide alcance territorial y se construyen bases de datos que seguirán siendo útiles, incluso si el aspirante termina declinando o integrándose a otro proyecto.
¿Qué viene ahora con las firmas?
Hasta el 17 de diciembre, los 91 grupos por firmas podrán entregar sus apoyos. Después, la Registraduría tendrá hasta el 21 de enero para validar cuántas de esas firmas son realmente válidas y quién queda habilitado como candidato presidencial independiente.
Lo que viene es un doble filtro.
Por un lado, el técnico: se verá cuántas campañas logran sostener las cifras que anunciaron y cuántas se quedan cerca del mínimo. Por otro, el político: una vez superado el trámite, quienes hayan demostrado capacidad de organización deberán decidir si van solos a la primera vuelta o si se suman a las consultas interpartidistas que varios sectores preparan para marzo.
La entrega de firmas, en ese sentido, no es el cierre de una etapa, sino el inicio real de la competencia. El umbral del millón no define quién gana la Presidencia, pero sí empieza a separar a quienes tienen un proyecto con músculo organizativo de quienes, por ahora, solo han logrado entrar en la conversación pública.
