La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, radicó ante el Congreso de la República, un proyecto de ley que pretende reformar el Código General Disciplinario, iniciativa encaminada a fortalecer las garantías en los expedientes disciplinarios, especialmente contra los servidores públicos de elección popular.
Básicamente, la procuradora Cabello quiere se le atribuyan más poderes para sancionar excepcionalmente a servidores públicos que hayan sido elegidos por voto popular y cuyas faltas impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.
La Procuraduría acogió lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
La propuesta legislativa se concentra en tres puntos:
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Facultades jurisdiccionales
La Procuraduría propone al Congreso que le sean ampliadas las funciones jurisdiccionales únicamente en lo relacionado con el área misional disciplinaria, lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.
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División en las fases investigativas
La Procuraduría quiere garantizar que las etapas de investigación y juzgamiento dentro del proceso, sean atendida por diferentes funcionarios. Así, quien investigue no será el mismo que atienda los descargos y juzgue.
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Doble instancia
Asimismo, se plantea la creación de la sala de juzgamiento a fin de garantizar en todos los procesos, la doble instancia, y la configuración adecuada de los principios y las categorías disciplinarias, entre otros.
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Esta reforma propone duplicar los funcionarios de las Procuradurías Regionales en el país. Es decir, al dividir las facultades jurisdiccionales para garantizar la doble instancia y la doble conformidad, se tendría que tener dos procuradores por proceso: uno para instruir y otro para juzgar.
En ese sentido la Procuraduría tendría que contratar a más personal y posiblemente ampliar sus instalaciones para recibir a sus funcionarios. Lo que traduce a aumentar el costo de la entidad para el Estado.
La procuradora Cabello afirmó que el proyecto "fortalece y profundiza las garantías constitucionales ya existentes para los disciplinados, propugnando por la autonomía e independencia de los servidores públicos que tendrán a cargo en lo sucesivo los procesos disciplinarios, cumpliendo así con los estándares internacionales, contenidos en la decisión proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
A la fecha, se adelantan 12.142 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular, entre ellos: 8.138 alcaldes, 3.108 concejales, 644 gobernadores, 163 diputados, 38 ediles, 30 Representantes a la Cámara y 21 Senadores. Por ello, la entidad señaló que es una propuesta que descongestionaría los procesos que pasan por la Procuraduría.
