La tercera legislatura del Congreso está a pocos días de terminar, mientras tanto, diferentes proyectos agonizan, ya que por tiempos no podrían ser aprobados y se hundirían. La ley de comida chatarra, la licencia compartida, la reglamentación de la prisión perpetua y la jurisdicción agraria son algunas iniciativas que están en veremos.
El próximo domingo 20 de junio terminará la legislatura ordinaria del periodo que comenzó el 20 de julio del año pasado. Pese a que algunos proyectos recibieron mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional, no se salvan de la carrera contrarreloj necesaria para su aprobación.
Ley Comida Chatarra
El pasado 20 de mayo la Comisión Séptima del Senado aprobó en tercer debate el proyecto de 'Ley Comida Chatarra', que busca el etiquetado frontal y el derecho a una alimentación sana e informada. Pasó a último debate en el Congreso de la República.
La iniciativa promueve entornos alimentarios saludables mediante el acceso a una información clara, veraz, oportuna, visible y suficiente, sobre los componentes de los productos comestibles y las bebidas que se ofrecen en el país, especialmente para los niños, niñas y adolescentes.
No sólo busca la implementación de un etiquetado frontal de advertencia que dé a conocer de manera simple a los consumidores el contenido nutricional real de los productos comestibles o bebidas ultra procesadas. Además, quiere aportar a la construcción de medidas eficientes que prevengan en la población colombiana Enfermedades No Transmisibles (ENT) como obesidad, hipertensión, diabetes entre otras, las cuales se relacionan principalmente con los malos hábitos alimenticios.
Este martes se realiza un twitteraton para pedirle al presidente del Senado, Arturo Char, que agende el debate en la plenaria para que el proyecto pueda pasar a sanción presidencial y convertirse en ley de la República.
Licencia parental compartida
El pasado miércoles 2 de junio se aprobó en tercer debate en la Comisión VII del Senado el proyecto de ley de la licencia compartida, el cual busca ampliar el período de permiso que se le concede al padre al momento del nacimiento de sus hijos y evitar que las madres sean las únicas responsables del cuidado de sus hijos en sus primeros días de vida.
El artículo 2 generó debate, ya que permitía que la licencia de paternidad pasara de 10 días a 8 semanas por el impacto fiscal que podría generar. Sin embargo, se creó una subcomisión que buscó el consenso en este punto y finalmente se decidió que la licencia sí se ampliará pero de manera gradual.
El primer año del nacimiento se otorgarían dos semanas de licencia de paternidad y cada año se autorizaría una semana hasta completar 8 semanas en el año 2027, para que el padre pueda estar pendiente de la crianza de su hijo/a.
Con esto, se completarían 26 semanas de licencia en total, si se suman las 18 semanas que tienen las madres. Además, seis de esas 18 semanas se podrán compartir.
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Jurisdicción Agraria
Este proyecto dispone de herramientas que buscan equilibrar la desigualdad en las relaciones de uso y tenencia de la tierra y de acceso a la administración de la justicia. “Por la cual se crea una especialidad judicial agraria y rural, se establecen los mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones”.
Pretende saldar una deuda histórica con los campesinos del país: se crea para solucionar con mayor agilidad los conflictos por la tierra, tema que ha aquejado a Colombia por décadas.
Busca crear despachos judiciales itinerantes, así como la posibilidad que le permite al juez de única o primera instancia, conceder en su fallo más de lo que el trabajador solicitó en la demanda (fallos extra y ultra petita).
Asimismo, prevé mecanismos alternativos de resolución de conflictos y herramientas que buscan equilibrar la desigualdad en las relaciones de uso y tenencia de la tierra y de acceso a la administración de la justicia.
Reducción de vacaciones del Congreso
El pasado 25 de mayo la Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate el proyecto de acto legislativo que pretende reducir el receso legislativo en el Congreso de la República.
Actualmente los congresistas sesionan en el primer semestre del año, desde el 16 de marzo hasta el 20 de junio y en el segundo semestre desde el 20 de julio hasta el 16 de diciembre, es decir, cuentan con cuatro meses de vacaciones o de receso legislativo -porque muchos dicen trabajar durante los meses que no asisten al Congreso-.
Este proyecto de autoría del representante Gabriel Santos, del Centro Democrático, busca que el receso de los congresistas se reduzca un mes. De manera que las sesiones ordinarias tendrían que iniciar desde el 16 de febrero y no desde el 16 de marzo.
El proyecto de acto legislativo debe pasar a estudio en la plenaria del Senado de la República que deberá determinar si lo apoya para que pase en su primera vuelta y continúe si trámite hasta completar los ocho debates que requiere para su aprobación.
No sólo los proyectos de origen Legislativo están en riesgo. Algunas iniciativas del Ejecutivo tienen tiempos muy apretados para su aprobación. Sin embargo, la Mesa Directiva del Senado ya agendó para la Plenaria de este martes 15 de junio algunos proyectos, como el de la reforma a la Justicia y la reglamentación de la cadena perpetua.
Reforma a la Justicia
Pretende adecuar la rama a la nueva arquitectura constitucional, establecida en la reforma que fue aprobada por el Congreso en 2015 que eliminó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Con esto, se le otorgaría más presupuesto al sistema judicial para su funcionamiento, simplificaría los procesos y descongestionaría los despachos judiciales.
La Corte Suprema de Justicia señaló a través de su presidente, magistrado Luis Antonio Hernández, que este proyecto es un paso adelante. No obstante, el presidente del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria advirtió la inconveniencia de disposiciones como la homologación de experiencia en otras profesiones y disciplinas distintas para ocupar cargos propios del Derecho.
El denominado 'mico' de la reforma se sitúa en el artículo 67 y tiene que ver con los requisitos de los ciudadanos para ser juez o magistrado de la República. Establece que para ser magistrado de alta corte, fiscal, procurador, defensor o registrador, un abogado u abogada pueda acreditar la experiencia adquirida en el ejercicio de otras profesiones como ciencia política, gobierno, finanzas, economía o administración pública. Es decir, plantea que la experiencia en carreras afines al derecho sí es válida.
Actualmente la experiencia que se requiere es de 15 años en cargos en la rama judicial, el Ministerio Público o haber ejercido como abogado o profesor universitario en disciplinas jurídicas por ese mismo periodo de tiempo.
Reglamentación de la cadena perpetua
Luego de dos meses de haber sido radicada la reglamentación de la norma, la semana pasada la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la aprobó en tercero de cuatro debates para crear el marco reglamentario y empezar a aplicar esta pena en Colombia. A la iniciativa le falta solo un debate en la Plenaria del Senado para pasar a firmar presidencial.
Pretende reglamentar la prisión perpetua revisable y reformar el código penal, el código de procedimiento penal y el código penitenciario y carcelario, Ley Gilma Jiménez. Esto a través de la modificación del artículo 34 de la Constitución Política, para así eliminar la prohibición de la cadena perpetua, permitiendo esta condena si así lo considera un juez, a quienes cometan delitos dolosos, feminicidio, secuestro y acceso carnal violento contra menores de 14 años o de 18 años con discapacidad física y/o mental.
En ese orden de ideas, el Gobierno Nacional permanece atento al avance de los proyectos en último debate. Si el tiempo no alcanza, no habrá otra opción que convocar a sesiones extraordinarias después del 20 de junio.
