La última reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro llegó al Congreso con un objetivo claro: conseguir 16,3 billones de pesos para cerrar el hueco del presupuesto de 2026. Tras la primera ronda en las comisiones económicas, el proyecto sigue vivo en el papel, pero con pocas opciones reales de convertirse en ley.
Una reforma recortada para ganar apoyos
El Gobierno presentó la iniciativa como una “ley de financiamiento” más acotada que las anteriores. Después de críticas iniciales, el Ministerio de Hacienda retiró varios puntos sensibles: se quitó el IVA a la gasolina y al diésel, se descartó gravar actividades comerciales de las iglesias y se suavizaron cambios al consumo de cerveza, turismo y espectáculos.
La apuesta fue concentrar el esfuerzo en mayores aportes del sector financiero, ajustes a ganancias ocasionales y a la retención en la fuente, y una normalización de activos con una tarifa más alta.
Con esos cambios, el Ejecutivo intentó mostrar que la carga no recaía sobre la clase media, sino sobre sectores con mayor capacidad de pago. Aun así, desde el inicio enfrentó resistencia de partidos de oposición y de sectores empresariales.
Cámara y Senado, en direcciones distintas
En la Cámara de Representantes, la Comisión Tercera negó las propuestas de archivo y mantuvo con vida el texto que respalda la reforma. En la Cuarta, en cambio, la sesión se levantó por falta de asistencia y no hubo decisión de fondo.
En paralelo, en el Senado tomó fuerza la idea de hundirla, con el argumento de que los nuevos recursos terminarían en gasto de funcionamiento y que la carga tributaria afecta la competitividad.
Esa diferencia de decisiones abre la puerta a una situación singular: que nunca haya un voto definitivo que declare hundido el proyecto, pero que tampoco se logre avanzarlo a plenaria. El tiempo juega en contra del Gobierno, porque la legislatura está próxima a terminar y cada semana sin acuerdo reduce las posibilidades de que la reforma complete todo el trámite.
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Un pulso que trasciende los números
La discusión no es solo contable. El presidente ha advertido que, sin nuevos ingresos, el país corre el riesgo de deteriorar sus finanzas públicas y ha puesto al Congreso frente a la disyuntiva de aprobar impuestos adicionales o asumir el costo de un mayor déficit.
Del otro lado, varios partidos insisten en que antes de cobrar más se debe recortar gasto, mejorar la eficiencia del recaudo y revisar subsidios.
Si la reforma termina archivada de hecho, el Gobierno tendrá que apoyarse en medidas alternativas para ajustar las cuentas, mientras la oposición resaltará que frenó un nuevo aumento de impuestos. Más allá del resultado, este episodio deja una señal sobre la relación entre el Ejecutivo y un Congreso fragmentado, y muestra que cualquier cambio fiscal de fondo dependerá menos de los anuncios y más de la capacidad de construir acuerdos.
