El Consejo de Estado ratificó la suspensión de la millonaria multa a Gustavo Petro que ya había ordenado en primera instancia el Tribunal Adminsitrativo de Cundinamarca. El senador había sido sancionado por la Contraloria Distrital por supuesto detrimento tras bajar las tarifas de Transmilenio.
En el documento emitido por el Consejo de Estado se resuelve "confirmar el auto proferido el 31 de enero de 2019 por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia".
La multa que se le había interpuesto al exalcalde y hoy senador Gustavo Petro por el supuesto detrimento era de 217.000 millones de pesos.
Petro informó la decisión a través de sus redes
"El Consejo de Estado, en segunda instancia, ratifica al tribunal administrativo de Cundinamarca y ordena suspender a la Contraloría distrital, la multa por 217.000 millones de pesos que me impuso por no subir las tarifas de transmilenio", escribió el senador en su cuenta de Twitter.
Además de celebrar la decisión del Consejo de Estado, Gustavo Petro aprovechó para informar que el contralor distrital actual volvió a iniciar procesos en su contra. Además recordó que, según él, el excontralor y hoy magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Juan Carlos Granados, emitió la sanción con fines políticos.
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"El actual contralor distrital, ficha de Granados, ha vuelto a iniciar procesos contra mí, por mi decisión legal de no aumentar tarifas de transmilenio en años posteriores de mi mandato", escribió.
Con respecto a la multa dijo: "Es una sanción moral contra el actual disciplinador de jueces, el contralor de Odebrecht, Juan Carlos Granados, quien con el objetivo de inhabilitarme, rompió toda normatividad y sentido de las proporciones al imponer una multa de 80 millones de dólares".
La sanción
El 5 de diciembre de 2016 Gustavo Petro fue notificado de una multa por 217.000 millones de pesos, impuesta por la Contraloría de Bogotá, bajo los cargos de daño patrimonial por la reducción injustificada de las tarifas de Transmilenio, que según el reporte fue contraria a estudios técnicos y económicos realizados por Confis y Transmilenio.
Según esos estudios, había que aumentar los precios a los usuarios. Al no efectuarse ese incremento, supuestamente se desbordaron las tarifas diferenciales y descuentos que por ley se podían dar, y que luego tuvieron que cubrirse con subsidios que no estarían autorizados por la ley.
