Las elecciones presidenciales oficialmente iniciaron, en medio de una coyuntura institucional bastante compleja en la que se ha puesto en tela de juicio la credibilidad de varias dependencias de suprema importancia para la democracia. Una de ellas, por ejemplo, es la Registraduría, que enfrenta esta nueva asistencia a las urnas bajo la lupa por acusaciones de irregularidades en las elecciones legislativas, una investigación que se adelanta en contra del registrador nacional por presunta ilegalidad de su elección y la tardía contratación de la firma que auditará el software electoral.
En medio de este mar de situaciones y ante la diversidad de voces que empezaban a hablar de un presunto complot para aplazar la fecha de las elecciones, las urnas en el exterior fueron oficialmente abiertas para que los colombianos que están por fuera del país empiecen a decidir quién estará al mando de la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.
En estas mesas, según la Registraduría, están habilitados para votar unos 972.764 colombianos, ubicados en 67 países donde ya se encuentran en labor 1.343 mesas de votación. Además, la entidad asegura que para este 29 de mayo el potencial electoral en general es de 39’002.339 personas, con un total de 102.152 mesas habilitadas (la misma infraestructura usada para las elecciones del Congreso).
En ese orden de ideas, tras la apertura el pasado domingo de las urnas en Auckland, Nueva Zelanda, la registraduría le echó carbón a la locomotora presidencial, demostrando entre otras cosas que no existe probabilidad de que las elecciones tengan reversa. De hecho, el propio Alexander Vega afirmó en el discurso de apertura que los comicios “no pueden ser cancelados ni aplazados, de acuerdo con nuestra normatividad”.
“Quiero aclarar a la opinión pública que las elecciones presidenciales no pueden ser suspendidas, ni aplazadas, ni canceladas, de acuerdo a nuestra normatividad (..) La Registraduría no solo le cumple a la ciudadanía, sino que estamos dando todas las garantías a las campañas políticas para que puedan, a través de sus testigos, jurados de votación y el derecho fundamental al voto de nuestros connacionales, haber cumplido con satisfacción el proceso electoral”, señaló el registrador Alexander Vega.
En ese orden de ideas, se espera que las votaciones para presidente y fórmula vicepresidencial sigan su curso con normalidad (como ya lo están haciendo). Eso, con excepción de los colombianos que residen en Venezuela, quienes para votar tendrán que desplazarse a territorio colombiano, específicamente a puntos de votación desplegados en las ciudades fronterizas de Arauca (Arauca), Inírida (Guainía), Maicao (La Guajira), Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de Santander).
Cabe resaltar que, en orden con la cantidad de colombianos, Venezuela es el segundo país con mayor potencial electoral, antecedido por Estados Unidos (que supera las 324 mil personas hábiles). En contraposición, Azerbaiyán (25) y Argelia (17) son los que menos potencial poseen.
Alexander Vega en la mira
La noticia más reciente de la Registraduría es que, tras varias semanas de demora y la bajada de una firma alemana, se dio el anuncio de que Datasys Group podría ser la compañía que realizará la auditoría internacional al software electoral de Indra y Disproel. Una noticia que, a su vez, generó un buen número de reacciones entre algunos sectores que no están de acuerdo por varias razones.
Una de estas voces fue precisamente la senadora María Fernanda Cabal, quien denunció a través de su cuenta de Twitter que la empresa en cuestión no solo no tendría la experiencia necesaria para adelantar este proceso de auditoría, sino que además tendría investigaciones pendientes en Honduras por varios contratos relacionados con materias electorales.
Un proceso de auditoría que ha hecho bastante sombra desde los comicios legislativos del pasado 13 de marzo, teniendo en cuenta que según la CNE dicha revisión se haría para “determinar en qué fallas pudo haber incurrido el proceso”.
No obstante, el mismo CNE desmintió que ya se hubiera hecho contratación alguna y por ahora sigue en veremos cuál será la empresa que hará la auditoría internacional. Algo igualmente grave si se tiene en cuenta la importancia de dicha acción y los pocos días que faltan para las elecciones.
Por lo demás, en la espalda del registrador se suman varias presiones desde entidades de control, como la advertencia que ya le hizo la procuradora Margarita Cabello de que “todo debe funcionar correctamente para el 29 de mayo: la plataforma Infovotantes, la acreditación de los testigos electorales, así como la exclusión de los 2.925 jurados no aptos”.
A eso se le suma el proceso que pesa sobre Alexander Vega por la presunta irregularidad de su elección, que recién el Consejo de Estado decidió desempolvar. Una investigación que se remonta a poco más de dos años cuando terminó electo en un proceso bastante controversial, bajo un hermetismo que se sumó a varios cambios en las reglas de juego como el haber priorizado la entrevista dentro de los criterios de elección y no la experiencia (en la que otros candidatos superaban a Alexander Vega).
Dicho proceso sigue en curso y ya se cuentan con varios testimonios de ex presidentes de las altas cortes que podrían llegar a indicar algunas irregularidades. Sin embargo, es muy probable que ninguno de estos hechos terminen afectando las elecciones que, ajenas a todos los rumores de complot para aplazarlas, ya arrancaron motores y no parecen tener freno de ningún tipo.
