Una empresa en crisis no llega a la Superintendencia de Sociedades a hacer un trámite: llega a buscar auxilio. Llega como un paciente en estado crítico, esperando ser atendido con urgencia. Pero en Colombia, ese hospital empresarial está colapsado. Y la demora puede ser mortal.
Durante el primer semestre de 2025, las solicitudes de insolvencia tardaron un tiempo considerable en ser procesadas, tanto para admisión como para rechazo. Esto ocurre a pesar de que existe una norma vigente, la Ley 2437 de 2024, que buscaba justamente acelerar el acceso de las empresas en crisis a mecanismos de reorganización o liquidación.
La Ley 2437 de 2024: el marco existe, pero no se aplica con eficacia. La Ley 2437, sancionada en diciembre de 2024, incorporó de manera permanente los regímenes transitorios de insolvencia creados durante la pandemia. Uno de sus pilares es permitir que las solicitudes sean admitidas sin auditoría previa, descargando en el deudor y su contador la responsabilidad de la información. La intención era clara: habilitar un acceso rápido y simplificado para salvar empresas antes de que colapsaran.
Pero en la práctica, la Superintendencia sigue operando con tiempos y procedimientos que no corresponden con ese nuevo enfoque. Las solicitudes se dilatan entre requerimientos, verificaciones, trámites y revisiones internas que postergan decisiones que deberían ser inmediatas.
Una espera que asfixia
Muchas empresas que llegan con voluntad real de reorganización y documentación básica se enfrentan a tiempos de espera que les impiden reaccionar a tiempo. Mientras la solicitud se analiza, se deteriora su caja, se pierden empleos, se rompen relaciones comerciales, y se cierran opciones de rescate. Lo que debería ser una herramienta de salvamento se convierte en una antesala al cierre definitivo.
¿Qué está fallando?
Aunque la norma permite admitir primero y requerir después, como mecanismo para ganar tiempo, en la práctica no se está aplicando de esa forma. A esto se suma una serie de factores institucionales que profundizan el problema:
• Falta de preparación técnica para aplicar el nuevo modelo legal
• Rotación de funcionarios y criterios dispares entre intendencias
• Procesos internos desorganizados y sin estandarización
• Carga operativa mal distribuida
El resultado es un sistema que, en lugar de actuar con celeridad, se paraliza. No porque no haya marco legal, sino porque falta capacidad institucional para ejecutarlo. Muchas de estas solicitudes terminan siendo rechazadas por errores que podrían haberse corregido si existiera una guía oportuna y una verificación posterior, como lo permite la misma ley.
Colombia tiene hoy la norma que habilita un camino más flexible hacia la reorganización. Lo que no tiene es una Superintendencia capaz de procesar con agilidad y criterio técnico lo que la ley ya autoriza. Mientras tanto, empresas viables terminan liquidadas, no por falta de voluntad o de ley, sino por falta de respuesta.
